La Contraloría General de la República alertó sobre un retraso significativo en el pago de la bonificación anual correspondiente a los 59.000 servidores judiciales del país, establecida en el Decreto 383 de 2013. A seis semanas de finalizar el año, los funcionarios aún no reciben este pago, que debe actualizarse según el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Gobierno no ha expedido el decreto de ajuste para 2025
Según la Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría, el Gobierno nacional no ha emitido el decreto para el ajuste de la bonificación en 2025, pese a que ya han transcurrido once meses del año. Esta omisión ha impedido que los servidores judiciales reciban sus salarios con el incremento correspondiente, afectando su derecho a percibir remuneraciones y prestaciones en las condiciones que establece la ley.
La falta de actualización también expone al sistema judicial a riesgos jurídicos y fiscales, ya que podría generar reclamaciones administrativas y acciones de tutela para exigir el reajuste e indexación. Estas reclamaciones podrían derivar en la creación de pasivos retroactivos y en presiones sobre las apropiaciones de gasto de personal, así como en ajustes en los pagos de parafiscales y seguridad social.
Riesgos fiscales y presupuestales
La Contraloría advirtió que la no expedición del decreto podría generar pasivos contingentes y ciertos, debido a la acumulación del derecho económico no reconocido durante varias vigencias fiscales. Si estos retroactivos deben pagarse más adelante, podrían afectar el equilibrio presupuestal de futuros periodos.
Desde la óptica del control fiscal, esta situación representa un riesgo relacionado con la gestión de un pasivo no revelado en los estados financieros. Además, una expedición tardía del decreto obligaría a las entidades a asumir pagos retroactivos que presionarían el gasto de personal, lo que contravendría principios como la planeación y la anualidad presupuestal establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Ley 38 de 1989 y Ley 179 de 1994).
La entidad también alertó sobre una potencial afectación al principio de sostenibilidad fiscal, dado que la acumulación de obligaciones no reconocidas podría generar una brecha entre las apropiaciones presupuestales y las obligaciones reales, comprometiendo incluso la regla fiscal del sector justicia.
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Llamado al Gobierno nacional
Las entidades afectadas han solicitado reiteradamente al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que definan el reajuste y asignen las apropiaciones presupuestales necesarias para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan realizar el pago acumulado.
Finalmente, la Contraloría instó al Ejecutivo a actuar conforme al principio de eficiencia del gasto público y a evitar reprocesos, costos adicionales por intereses o sanciones y un uso ineficiente de los recursos estatales.
La situación continúa en seguimiento mientras los servidores judiciales esperan una respuesta que permita regularizar el pago antes del cierre del año.
