En un reciente informe de auditoría emitido por la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, se reveló un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.618 millones, originado en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022. Este contrato fue celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y la empresa DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. El hallazgo se refiere a pagos realizados de manera incorrecta y desproporcionada a la interventoría, los cuales no se alinearon con los avances reales registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos supervisados, bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Análisis de la Ejecución del Contrato y el Detrimento Patrimonial

El contrato de interventoría tenía como objetivo la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del PNIS, un programa que se ejecuta en varios territorios del país con el fin de sustituir cultivos ilícitos por proyectos productivos sostenibles. Sin embargo, según los hallazgos del informe, los pagos realizados a DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. no reflejaron el porcentaje real de avance de los contratos objeto de supervisión, los cuales son los siguientes:

  • Contrato No. 359-2022

  • Contrato No. 377-2022

  • Contrato No. 402-2022

El análisis de la auditoría indicó que los avances técnicos de estos contratos fueron de solo 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar un pago total. A pesar de que los avances eran insuficientes, se aprobó el pago completo a la interventoría, lo que resultó en un sobrepago de $1.618 millones.

Este sobrepago refleja serias deficiencias en el seguimiento técnico y financiero de los responsables del proceso de supervisión. En este caso, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) tenía la responsabilidad de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, función que claramente no se cumplió de manera efectiva. La ART es la entidad encargada de ejecutar el PNIS y asegurar que los recursos destinados a los proyectos sean utilizados de manera transparente y conforme a los avances reales de los contratos supervisados.

Impacto en los Proyectos del PNIS

El presunto detrimento patrimonial afecta directamente a los recursos destinados a las familias que forman parte del PNIS, cuyo propósito es mejorar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo de proyectos productivos sostenibles. Los sobrepagos en los contratos de interventoría no solo generan pérdidas económicas, sino que también comprometen el progreso de las iniciativas que benefician a los agricultores y comunidades que dependen de este programa para su bienestar.

Este hallazgo subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de los programas nacionales, especialmente en aquellos que involucran recursos públicos destinados a la paz y el desarrollo regional. La falta de rigor en el control de los pagos y en la verificación de los avances de los contratos podría tener consecuencias graves para los objetivos a largo plazo del PNIS y para las comunidades que más necesitan de este tipo de iniciativas.

Conclusiones y Recomendaciones

El informe de auditoría no solo resalta un grave incumplimiento en la gestión de los recursos públicos, sino que también hace un llamado a la necesidad de mejorar los procesos de supervisión y control en el marco del PNIS y otros programas similares. Es crucial que las entidades encargadas de ejecutar proyectos de gran envergadura implementen sistemas de monitoreo más rigurosos para evitar que situaciones como esta se repitan.