La Contraloría General de la República ha identificado 25 proyectos en el departamento del Atlántico que presentan serias dificultades en su ejecución. De acuerdo con el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, 14 de estas obras se encuentran en estado crítico, mientras que las otras 11 están en riesgo de quedar inconclusas y convertirse en elefantes blancos.

En el marco de un recorrido de seguimiento, Zuluaga y su equipo han inspeccionado diversas obras con una inversión total de $276.336 millones. Entre los proyectos analizados se encuentra la construcción de los modulares del Centro Penitenciario y Carcelario El Bosque en Barranquilla, cuya ejecución asciende a $44.008 millones. Además, se han evaluado los avances del sistema de alcantarillado de Juan de Acosta Etapa II, con un costo de $23.405 millones, actualmente suspendido, y la Planta de Aguas Residuales (PTAR) en el mismo municipio, valorada en $19.320 millones.

Otros proyectos bajo supervisión incluyen la construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Leña, en Candelaria; la canalización de arroyos y el sistema de alcantarillado en Sabanalarga; la PTAR en Piojó y la adecuación de canchas y parques en Malambo.

Zuluaga también señaló que, gracias a la estrategia ‘Compromiso Colombia’, se han logrado culminar cinco proyectos con una inversión cercana a $68.000 millones. Entre ellos destacan la construcción de las instituciones educativas Alexander Von Humboldt, Isaac Newton y La Unión en Barranquilla, y acciones de conservación ambiental en Juan de Acosta.

Uno de los casos más preocupantes es el del Centro de Deportes Náuticos en Salinas del Rey. Inicialmente presupuestado en $23.000 millones, el proyecto ha requerido una inversión superior a los $40.000 millones y aún no está en funcionamiento. La Contraloría ha exigido explicaciones sobre el incremento de costos y ha convocado mesas de trabajo para esclarecer el estado del proyecto.

Además, Zuluaga criticó la falta de avances en la reconstrucción de Piojó, donde 50 familias han estado esperando por una solución desde hace tres años. Según el vicecontralor, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha incumplido con los subsidios de arriendo desde diciembre de 2024.

«No podemos permitir que recursos públicos queden en el limbo», afirmó Zuluaga, asegurando que la Contraloría continuará con un estricto seguimiento a estos proyectos para garantizar su culminación y evitar que se conviertan en monumentos al despilfarro.