El jefe del ente de control advirtió que esta medida ha generado una afectación crítica a la operatividad de la Fuerza Pública y contradice la obligación del Estado de preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad territorial.
Rodríguez explicó que la reducción específica de $152.805 millones al Ejército Nacional compromete directamente el sostenimiento de las unidades desplegadas, la operación y mantenimiento de aeronaves y equipos estratégicos, así como el desarrollo de inteligencia militar.
También se ven afectadas otras funciones esenciales como el pago de servicios básicos para garantizar la funcionalidad operativa y la implementación de programas de gratuidad en escuelas de formación, además de los procesos de incorporación de soldados profesionales, contemplados en decretos vigentes desde 2022 y 2023.
Según el Contralor, estas restricciones presupuestales representan un riesgo inmediato para la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas reales, especialmente en regiones donde la presencia institucional es determinante para la estabilidad del país.
Agregó que también se afecta el relevo generacional del pie de fuerza, lo que podría derivar en un debilitamiento progresivo de las capacidades defensivas de Colombia.
El Contralor señaló que si bien la consolidación fiscal es necesaria, esta no puede lograrse debilitando funciones esenciales del Estado como la defensa y seguridad nacional. Reiteró que la sostenibilidad de las finanzas públicas debe construirse con eficiencia, transparencia y criterios de priorización que reconozcan la naturaleza estratégica del sector Defensa.
“El fortalecimiento institucional no es negociable. La seguridad no admite aplazamientos. El presupuesto de defensa no puede ser la variable de ajuste en coyunturas fiscales complejas”, enfatizó.
