Las recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, contra la exsecretaria de Salud Andree Uribe abren una discusión que trasciende el caso particular de una funcionaria cuestionada. Lo que está en juego es el límite entre el control político legítimo y la promoción de discursos que buscan desacreditar personas antes de que exista una condena judicial.
La controversia surgió luego de conocerse que Uribe participó y obtuvo uno de los mejores puntajes en un concurso para ocupar un cargo en la Secretaría de Salud de Medellín. La reacción de varios dirigentes políticos no se centró únicamente en los procesos judiciales o disciplinarios que enfrenta, sino en cuestionar incluso su decisión de presentarse al concurso.
El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que era “absurdo” que alguien como ella hubiera tenido “el cinismo y el descaro” de aspirar nuevamente a un cargo en la dependencia que dirigió durante la administración de Daniel Quintero. Además, señaló que quienes “se robaron a Medellín” deberían estar en la cárcel.
Por su parte, Alejandro de Bedout publicó en su cuenta de X que Uribe se presentó al concurso “sin sonrojarse”, una expresión que llamó la atención no por su contenido jurídico sino por su carga simbólica. La frase no demuestra una inhabilidad, no prueba una conducta ilegal y tampoco aporta evidencia nueva sobre las investigaciones en curso. Lo que hace es sugerir que la exfuncionaria debería sentir vergüenza por intentar regresar al servicio público.
Esa diferencia es importante.
🚨 CONFIRMADO | Andree Uribe, exsecretaria de Salud del imputado por corrupción @QuinteroCalle, sin sonrojarse se presentó al concurso en la secretaría de salud de la Alcaldía de Medellín para el cargo de líder de proyecto en el equipo de población pobre no asegurada y ganó con… pic.twitter.com/dHvoBEZ7Ux
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) June 3, 2026
En una democracia, cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar a los servidores públicos y exigir explicaciones sobre su gestión. Pero una cosa es debatir hechos, contratos, investigaciones o decisiones administrativas, y otra muy distinta es instalar la idea de que una persona debe ser excluida del espacio público por el simple hecho de estar siendo investigada.
Ni la Procuraduría ni la Fiscalía han emitido una condena contra Andree Uribe. Existen procesos abiertos que deben avanzar y resolverse dentro de los cauces institucionales. Sin embargo, algunos sectores políticos parecen haber optado por una condena anticipada en la plaza pública, donde la presunción de inocencia pierde valor frente a la rentabilidad política de la indignación.
La expresión “sin sonrojarse” merece una reflexión adicional. Históricamente, el lenguaje de la vergüenza ha sido utilizado de manera recurrente contra las mujeres en la vida pública. A ellas se les exige demostrar constantemente honorabilidad, decoro o arrepentimiento, estándares que muchas veces no se aplican con la misma intensidad a los hombres involucrados en controversias similares.
Por eso resulta válido preguntarse si este tipo de mensajes contribuyen al debate democrático o si terminan alimentando formas de violencia política que buscan desacreditar a una persona a partir de la humillación pública. La Ley 1257 de 2008 reconoce que la violencia contra las mujeres puede expresarse mediante conductas destinadas a menoscabar su dignidad, afectar su reputación o generar escenarios de discriminación.
Absurdo que alguien tan cuestionada como ella, haya tenido el cinismo y el descaro de presentarse en un concurso público a la misma secretaría de la que salió mal.
Solo espero que la justicia actué rápido para evitar que vengan acá a hacer más daño del que ya hicieron.
Los que… https://t.co/8Y2cSbTgPD— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 4, 2026
No se trata de blindar a ningún funcionario frente al escrutinio ciudadano. El control político es necesario y las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. Pero también es necesario preguntarse cuándo la crítica deja de estar basada en hechos verificables y comienza a convertirse en un ejercicio de estigmatización.
La democracia necesita debates sustentados en pruebas, no tribunales digitales. Necesita argumentos, no campañas de vergüenza pública. Porque cuando la humillación reemplaza a la discusión, el control político pierde legitimidad y se transforma en un espectáculo de linchamiento mediático que poco aporta a la búsqueda de la verdad.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿estamos ante un ejercicio legítimo de vigilancia ciudadana o ante una estrategia de descalificación que busca impedir que determinadas personas vuelvan a participar en la vida pública antes de que la justicia haya hablado?
Editorial Nación Paisa
