La corrupción en La Guajira no es un fenómeno aislado o esporádico. Es sistémica y estructural en todos los niveles de la administración pública. Desde CorpoGuajira, donde se registró un desfalco de $1.823 millones, hasta los megacolegios que costaron más de $24 mil millones sin que se construyeran adecuadamente, pasando por los contratos del ICBF donde se desviaron más de $2 mil millones destinados a la atención de 27.000 niños, y la incertidumbre por el destino que le haya dado la gobernación a más de $5 mil millones de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo para bibliotecas públicas.
Ahora no se trata de descubrir nuevos escándalos, sino de sobrevivir en medio de ellos. Esta vez, el epicentro es la justicia por un millonario desfalco con títulos judiciales, ejecutado desde los mismos juzgados que deberían ser guardianes del orden legal y la ética pública.
Sí, la justicia también se roba. También se vende. Y también se alquila por cuotas de poder, por favores políticos, por dinero en efectivo. Mientras tanto, en paralelo, algunos funcionarios han convertido los juzgados en una empresa criminal al servicio de sus bolsillos.
El caso, según se ha conocido, involucra una red articulada de corrupción que falsificaba títulos judiciales para cobrar sumas millonarias a nombre de personas fallecidas, empresas inexistentes o procesos amañados. No es una imprudencia aislada de algún auxiliar judicial, sino de una estructura interna que operaba con conocimiento de los procedimientos, con acceso a claves y complicidad de quienes debían custodiar el dinero de los litigantes y las decisiones de los jueces. ¿Y cómo no iba a ser posible? Si todo indica que este saqueo es el resultado de años de permisividad, silencios cómplices, falta de auditoría efectiva.
Uno se pregunta: ¿Qué más debe pasar para que la sociedad guajira despierte de una vez por todas? ¿Qué otro pilar institucional debe derrumbarse para reaccionar con dignidad cívica? La frase bíblica “si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará?” cobra significado ahora.
No pretendo linchar mediáticamente a los capturados. Para eso están los jueces, los honestos, si aún quedan. Pero sí exijo una depuración urgente, a fondo y sin vacilaciones, en todo el aparato judicial del departamento. Porque este caso no es una anomalía, sino el síntoma de una enfermedad estructural, la prueba de que el Estado en La Guajira ha sido, en muchos sectores, cooptado por mafias de cuello blanco que ya no se esconden, sino que operan desde escritorios oficiales y se camuflan en las mismas instituciones que deberían combatirlos.
La corrupción judicial, además, tiene un agravante ético. No solo es robar dinero, sino robar esperanzas. Es una traición múltiple: al derecho, a la función pública, a la sociedad. Y es, por lo mismo, uno de los peores crímenes que puede cometer un servidor judicial.
Como guajiro, como ciudadano, como persona decente, me niego a normalizar los escándalos de corrupción. No podemos relativizar el robo público con excusas como “es que todos lo hacen”, “eso siempre ha pasado”. No. Cada caso debe ser señalado y castigado. Porque sin sanción moral ni legal, lo único que hacemos es pavimentar el camino para la próxima red de “ladrones con credencial”.
Y no olvidemos algo esencial: esta no solo es una pelea contra funcionarios corruptos, sino también contra el silencio cómplice de quienes sabían y callaron. De los abogados que se han beneficiado del sistema. De los jueces que miran para otro lado. De los usuarios que aceptan dar “una ayudita” para que su proceso avance. Porque la corrupción, aunque nos cueste admitirlo, también se alimenta del miedo, de la indiferencia y de la cultura de la trampa que nos atraviesa como sociedad.
Lo ocurrido en algunos juzgados de Riohacha es una tragedia ética, pero también puede ser una oportunidad para que los jueces honestos alcen su voz; para que la ciudadanía exija rendición de cuentas; para que los colegios de abogados dejen la complacencia y asuman una postura crítica; para que la Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría no se queden en comunicados, sino que actúen con rigor. Porque si la justicia ya no es justa, si la sal se desvirtúa… ¿quién nos va a salvar?
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez – @LColmenaresR
Foto y noticia: Colprensa
