La Sala de Casación Penal ratificó la pena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado por cohecho propio y concierto para delinquir. También exhortó al Gobierno a activar mecanismos de cooperación judicial para que responda ante las autoridades colombianas.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, relacionados con una red que habría intervenido en procesos judiciales a cambio de pagos ilegales.

En la decisión, la Sala de Casación Penal también pidió al Gobierno Nacional adelantar las gestiones diplomáticas y de cooperación internacional necesarias para que Bustos Martínez, quien se encuentra en Canadá, sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y pueda hacerse efectiva la pena impuesta.

De acuerdo con la sentencia, el caso está relacionado con una estructura en la que participaron abogados litigantes que contactaban a integrantes del Congreso para obtener beneficios en actuaciones penales mediante el pago de dinero. La Sala consideró acreditada la responsabilidad del exmagistrado en los hechos por los que fue condenado.

Bustos Martínez llegó a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En su pronunciamiento, la corporación cuestionó la gravedad de las conductas examinadas y el impacto que los hechos tuvieron sobre la confianza pública en la administración de justicia.

Corte advierte sobre el impacto de la corrupción judicial

En la providencia, la Sala sostuvo que las conductas de corrupción judicial comprometen la credibilidad de las instituciones y afectan la confianza de la ciudadanía en los funcionarios encargados de administrar justicia.

La Corte también destacó la importancia de preservar principios como la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial. Según el pronunciamiento, estos valores deben orientar el ejercicio de la función judicial y servir como garantía para evitar que situaciones similares se repitan.

El alto tribunal manifestó, además, que los actos de corrupción de algunos servidores pueden proyectar consecuencias negativas sobre la percepción pública de toda la Rama Judicial, incluso frente a quienes desempeñan sus funciones con rectitud.

Solicitud de cooperación judicial con Canadá

La Sala exhortó al Gobierno Nacional para que, por medio de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Canadá, adelante las gestiones correspondientes para lograr que Bustos Martínez comparezca ante las autoridades colombianas.

La petición se fundamenta en los mecanismos de cooperación judicial internacional y en el principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que Colombia también tramita solicitudes de extradición provenientes de Canadá.

La Corte advirtió que la permanencia del exmagistrado fuera del alcance de la justicia colombiana dificulta la ejecución efectiva de la condena y la materialización de la respuesta del Estado frente a los hechos de corrupción judicial examinados.

Con la confirmación de la pena, la decisión judicial queda ratificada en los términos establecidos por la Sala. Las gestiones diplomáticas solicitadas buscan avanzar en la comparecencia del condenado ante las autoridades nacionales para que se haga efectiva la sanción.