Gustavo Petro afirmó hace unos días que “el Cartel de los Soles no existe; es una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos”. La frase no es un detalle menor: contradice lo que para Estados Unidos es un hecho judicial y político. Desde 2020, el Departamento de Justicia procesa a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su régimen por narcoterrorismo, describiendo al Cartel de los Soles como una estructura estatalizada de tráfico de cocaína. Y en julio pasado, el Tesoro estadounidense incluyó a esa red en la lista de organizaciones terroristas globales.
Mientras Washington refuerza su presencia en el Caribe para cortar corredores de narcotráfico vinculados a Caracas, el presidente colombiano decide negar la existencia misma del cartel. El choque es evidente: para Estados Unidos, es una amenaza hemisférica; para Petro, una invención política. Esa negación no solo erosiona la confianza con nuestro principal aliado, también envía la peor señal posible a los criminales: que en Colombia hay un gobierno dispuesto a mirar hacia otro lado.
El discurso llega en el peor momento. La política de “paz total” no debilitó a los grupos armados, los fortaleció. Las disidencias de las FARC controlan corredores estratégicos; el ELN se expandió a nuevas regiones; y bandas ligadas al narcotráfico operan con libertad en ciudades y fronteras. Los reportes oficiales ya no alcanzan a ocultarlo: el país está nuevamente cercado por estructuras narcoterroristas que avanzan sin contención.
A esto se suma la fatiga de nuestras propias fuerzas. Solo seis de cada diez helicópteros de la Fuerza Pública están en condiciones de volar. El presupuesto de defensa se ajusta cada año más, afectando mantenimiento, inteligencia y presencia territorial. Y, aunque las cifras de cultivos ilícitos siguen en niveles críticos, las operaciones de erradicación y de interdicción se han reducido. Todo indica que la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico se ha debilitado de manera sistemática.
Después de tres años, la conclusión es ineludible: este gobierno no va a actuar con contundencia contra los grupos narcoterroristas. Lo ha demostrado en cada decisión, en cada discurso y ahora en la negación del Cartel de los Soles. Petro no dará un giro de 180 grados en su último año de mandato. Por eso, no se trata de esperar milagros internos sino de buscar presión externa.
Y aquí es donde entra Estados Unidos. Colombia necesita que Washington se plante más firme frente al gobierno de Petro, que le exija resultados reales y que refuerce la presencia disuasiva en el Caribe y el Atlántico. No para desestabilizar a Colombia ni para tumbar a un presidente elegido por los colombianos, sino para dejarle claro a los narcos que no tienen carta blanca.
Petro debe terminar su mandato constitucional. Pero eso no significa un cheque en blanco para la criminalidad. Si el gobierno decidió no actuar, que sea la presión internacional la que marque los límites. La presencia de buques y aeronaves estadounidenses cerca de nuestras costas no es intromisión: es una advertencia a quienes creen que pueden moverse sin consecuencias.
Como lo advirtió el experto en seguridad Daniel Mejía, el cierre —temporal o permanente— de la salida de cocaína colombiana por Venezuela y el Caribe llevará a los carteles a buscar nuevas rutas por el Pacífico y por Ecuador. Por eso, el Ministerio de Defensa, que decepciona todos los días, tiene la obligación de trazar un plan real de contención. No puede seguir en silencio mientras el crimen se reacomoda.
El país no necesita más discursos de ficción. Necesita señales firmes. Que los narcotraficantes sepan que cada ruta vigilada, cada embarcación sospechosa y cada intento de exportar cocaína se encontrará con un cerco internacional. Que comprendan que, aunque el gobierno colombiano mire hacia otro lado, no están solos frente a un Estado débil sino frente a una coalición internacional que no va a entregarles el terreno.
Colombia merece seguridad y estabilidad. Petro debe concluir su mandato porque así lo ordena la Constitución, pero bajo controles estrictos. Y esos controles no solo vienen del Congreso y la opinión pública: también de la comunidad internacional. Estados Unidos tiene la responsabilidad de actuar más firme, de exigir resultados y de demostrar con hechos —no solo con palabras— que no permitirá que, en el último año de este gobierno, los narcoterroristas se tomen el país.
Foto y columna: Colprensa
