Más de 159.000 personas resultaron afectadas por eventos de desplazamiento forzado y confinamiento en los primeros ocho meses de 2025, de las cuales 87.898 tuvieron que abandonar sus hogares en medio de movilizaciones masivas y otras 71.219 quedaron atrapadas en sus territorios por cuenta de la violencia impuesta por grupos armados ilegales, según reveló un reciente boletín de la Defensoría del Pueblo, que evidencia la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país.

El informe detalló que solo en el transcurso del mes de agosto se registraron 16 eventos de desplazamiento forzado masivo que impactaron la vida de 2.934 personas, así como 10 eventos de confinamiento que restringieron por completo la movilidad de otras 6.174.

Con estas cifras, agosto se consolidó como el mes con el mayor número de desplazamientos masivos en lo que va del año, una tendencia que demuestra la intensificación del conflicto armado en varias regiones del territorio nacional.

Adicionalmente, la entidad identificó a lo largo del año un total de 173 situaciones de riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento para diversas comunidades.

El análisis territorial que presentó la Defensoría del Pueblo muestra que la crisis humanitaria se concentra con mayor fuerza en departamentos específicos. Norte de Santander encabeza la lista como la región con el mayor número de personas desplazadas, acumulando 73.300 víctimas, una situación causada principalmente por la agudización de la violencia en la subregión del Catatumbo.

El documento explicó que este flagelo ha impactado de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, lideresas y líderes sociales y a comunidades indígenas.

Por otro lado, el departamento del Chocó registró la cifra más alta de personas confinadas, con 15.320 habitantes atrapados en sus propios territorios.

En esta zona del Pacífico colombiano, las restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados limitan gravemente el acceso de la población a alimentos, educación, servicios de salud y otros derechos básicos, sometiéndolos a un aislamiento forzoso.

El boletín abordó también otras dinámicas de movilidad humana que complejizan el panorama. Entre enero y el 15 de agosto de 2025, el sistema de monitoreo registró el tránsito irregular de 106.590 personas migrantes por el país, en su mayoría provenientes de Venezuela, en su ruta hacia el norte del continente.

De forma paralela, se identificó un «flujo migratorio inverso» de más de 15.000 personas que ingresaron a Colombia retornando desde el norte, quienes enfrentaron múltiples abusos y violaciones a sus derechos humanos durante el trayecto de vuelta.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que ha acompañado a más de 4.000 connacionales deportados desde Estados Unidos en lo que va del año, con el fin de garantizarles una recepción digna y la protección de sus derechos fundamentales a su llegada al país.

Ante este complejo escenario, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que tomen acciones urgentes y efectivas. El informe incluyó una serie de recomendaciones para mitigar la crisis, entre las que se destaca la necesidad de activar corredores humanitarios para garantizar la entrega de ayudas de manera oportuna y segura a las comunidades confinadas.

La entidad también señaló la importancia de fortalecer el acompañamiento psicosocial a las familias afectadas, con un enfoque integral y culturalmente pertinente.

Finalmente, concluyó que es fundamental implementar planes de contingencia para la habilitación de albergues temporales en los municipios con eventos recurrentes de desplazamiento y proteger el derecho a la educación mediante el fortalecimiento de la Ruta de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE).

Foto y noticia: Colprensa