El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda que cuestiona la legalidad en el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, empresa estratégica en la infraestructura energética de Colombia. La acción judicial fue presentada por el ciudadano Julio César Yepes Restrepo, quien argumenta que hubo irregularidades en el proceso de selección adelantado por la junta directiva de la compañía.
Uno de los principales señalamientos de la demanda se refiere a una aparente inconsistencia en la hoja de vida de Carrillo. Según el demandante, el actual presidente de ISA aseguró haber trabajado en la empresa Profinvest desde enero de 2009, pese a que esta fue formalmente constituida ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año. Para el accionante, este dato podría reflejar una falsedad que afectaría la validez de su postulación.
La controversia ha generado un creciente interés público y político. Al menos diez personas, incluidos varios concejales de Medellín, han solicitado sumarse como coadyuvantes al proceso, convencidos de que se deben esclarecer a fondo los criterios de transparencia y mérito en la designación del directivo. Además, los promotores de la demanda han mencionado que Carrillo estaría involucrado en procesos judiciales activos y que informes técnicos realizados por la consultora internacional Kroll, contratada por ISA para validar perfiles, habrían emitido alertas que no fueron tenidas en cuenta.
CARICATURA: PATA. N
Como parte de las actuaciones procesales, el Consejo de Estado le ordenó a ISA remitir todos los documentos relevantes sobre la elección: actas de junta directiva, hojas de vida, calificaciones de los candidatos, informes de las firmas consultoras y comunicaciones internas que sirvieron de base para la decisión. También se estudia la posibilidad de acumular este proceso con otra demanda presentada por el diputado antioqueño Luis Peláez, quien igualmente ha cuestionado la legalidad del nombramiento.
Mientras el alto tribunal avanza en la recolección de pruebas y el análisis jurídico del caso, Carrillo continuará en funciones, ya que no se decretó una medida cautelar de suspensión provisional. Sin embargo, de comprobarse que se vulneraron los principios de legalidad, mérito o veracidad en la información suministrada, la elección podría ser declarada nula y se tendría que abrir un nuevo proceso de selección para la presidencia de ISA.
Este caso ha encendido el debate sobre el rigor en los procesos de elección de altos cargos en empresas públicas y mixtas, así como sobre la
de control para evitar posibles actos de favoritismo, omisiones o irregularidades administrativas.
