Diez meses después de que el Concejo de Medellín aprobara la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene en la compañía Tigo-Une, el proceso avanza hacia una etapa clave: la definición del valor real de los títulos enajenables.
Este paso es fundamental para determinar las condiciones de venta y ofrecer transparencia en uno de los movimientos financieros más significativos del conglomerado público en los últimos años.
La valoración del componente accionario está siendo liderada por la firma de banca de inversión BTG Pactual, que trabaja en una estimación precisa del precio. Aunque ya se manejan cifras preliminares, la concejal de Medellín, Janeth Hurtado, explicó que se solicitó una segunda opinión experta que le dé mayor rigor técnico al proceso. “Está en este momento en marcha. Si bien ya tienen unos valores definidos, una opinión diferente va a darle mayor rigor a la junta directiva para poder definir en el mes de julio realmente ya el valor definitivo que estará entonces sacando para todo el tema de la enajenación”, señaló.
Hasta el momento, se contempla que el valor de las acciones en Tigo-Une que posee EPM debería partir de una base cercana a los 1.5 billones de pesos. Esta cifra no es definitiva, pero establece un marco inicial sobre el cual se podrán tomar decisiones estratégicas para la enajenación. La estimación busca reflejar tanto el valor real del activo como las proyecciones del mercado de telecomunicaciones.
La concejal Hurtado también aseguró que el proceso completo, desde la valoración hasta la finalización de la venta, tomará aproximadamente 18 meses, por lo que se espera que concluya a finales de 2026. Una vez la junta directiva de EPM conozca el rango de valoración en julio, será esta la instancia encargada de aprobar el precio oficial y continuar con el cronograma establecido.
Cabe destacar que, aunque el proceso avanza, no ha estado exento de oposición jurídica. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín negó en primera instancia una acción popular que buscaba frenar la venta de las acciones. Sin embargo, el demandante aún tiene la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría extender los tiempos y abrir un nuevo capítulo legal en torno a esta operación.