En 1948, cuando en Colombia la violencia partidista había escalado el más alto nivel de barbarie en esa modalidad, el jefe del Partido Liberal de entonces, Jorge Eliécer Gaitán, convocó a una llamada “marcha del silencio”, como expresión pública de rechazo a tantos actos homicidas. Era la causa de la paz o no violencia. Se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero del año señalado. Fue caudalosa y cubría todo el escenario escogido. La solemnidad de esa manifestación no tuvo grietas. Nadie le hizo disidencia al orden acordado. Con tono resonante pero armónico, en demanda de la paz, Gaitán pronunció uno de sus más relevantes discursos.
Dijo Gaitán: “Señor Presidente: Aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados y sin embargo, no hay un solo grito”. En esa oración sustentó la capacidad popular para rechazar la ofensiva criminal y promover la paz.
La manifestación del silencio de 1948 y la oración por la paz de Gaitán hacen parte del legado histórico en defensa del derecho a vivir en condiciones de protección.
Frente a los desatinos criminales, como el atentado de que fue víctima el precandidato Miguel Uribe Turbay, lo procedente es rechazar esa agresión sin incurrir en narrativas de estigmatización dictadas por el odio y la fijación con señalamientos mentirosos.
La marcha del silencio que se organizó como repudio al atentado criminal contra Miguel Uribe debió cumplir esa legítima finalidad, pero muchos de sus participantes se salieron del orden acordado y se dedicaron al insulto. Convirtieron el silencio en agresión, como si con ese extravío repararan tan criminal acción. No fue como la manifestación de Gaitán, que sigue siendo una lección de sustentación democrática.
Tampoco es aceptable que el atentado contra Uribe Turbay pretenda ser explotado con fines electorales sucios.
Ante la consumación del atentado contra Miguel Uribe Turbay debe ser activo el rechazo nacional, con sentido de solidaridad contra la violencia, como también debiera ser en los casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, promotores de las marchas de protesta ciudadana, campesinos o representantes de comunidades afros o indígenas.
La recurrente violencia en Colombia debe parar y no tener repetición. El exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución perversa en la operación de los “falsos positivos”, los homicidios contra candidatos a la Presidencia y otros linchamientos de finalidad política son golpes contra la democracia, con los cuales se busca el debilitamiento de las posibilidades de superar las brechas que la codicia excluyente ha impuesto.
Se impone que la justicia, administrada con transparencia y certezas, ponga al descubierto a los actores de la ofensiva criminal y desmonte los desvíos mediante los cuales los responsables de los delitos cometidos se cubren con la impunidad y siguen alargando la cadena de esa carnicería letal a sangre y fuego.
Desenmascarar a los autores de las violencias que tantas víctimas le dejan a Colombia es una tarea prioritaria de jueces y veedores de los desvíos que se le imponen a los colombianos desde esferas que tienen manejo del poder en diferentes instancias.
Puntada
La aprobación por el Congreso de una reforma laboral es el resultado de la participación popular en defensa de los derechos sociales que algunos “padres de la patria” insisten en abolir. Hay que seguir en esa lucha.
Foto y columna: Colprensa
