Según datos suministrados por el INPEC, el sistema carcelario del país registra un hacinamiento del 19 % en los más de 130 establecimientos penitenciarios.

Son datos como estos que ha llevado a Las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS) a solicitar al Gobierno que se ponga en marcha las garantías para ejecutar la ley que les permite la administración, mantenimiento y construcción de nuevas cárceles.

Y que se den las condiciones optimas de seguridad y que blinde los derechos humanos, tema que hoy en día esta puesta en cuestionamiento dado el hacinamiento y lugares de reclusión no apropiados para los internos.

Es por eso que,  a raíz de los escándalos que están pasando en el sistema carcelario, ahora con el presente caso de Carlos Mattos,  se reabre nuevamente la propuesta para que  los privados de la libertad además de purgar sus penas, accedan a una mejor rehabilitación.

 Y así tengan espacios sin hacinamientos, en el que se pueda desarticular la corrupción o tener un mayor control de estos casos.

«Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido por la ley ciudadana, se implemente todos los mecanismos para que el sector de la vigilancia y seguridad privada a nivel de municipios, distritos y departamentos», expresó Carolina Carrillo, directora ejecutiva de ECOS.

«Y se comience a ofertar la construcción, administración y mantenimiento, de los centros penitenciarios», manifestó Carrillo.

Con esta propuesta, si se pone en marcha, se lograría que el sistema penitenciario colombiano tenga un mayor control en la seguridad de los reclusos y su trato.

En contexto

Aactualmente vienen presentándose denuncias en las que se están viendo vulnerados los derechos humanos, como lo es la dignidad de los reclusos privados de la libertad en los centros de reclusión.

Así mismo, los agentes de policía, harían funciones propias de su actividad, con el fin de obtener de esta manera la garantía en su oficio,  con una continua capacitación.

Lo cual dará como resultado una verdadera resocialización de los internos y evitaría que los centros de reclusión operen como escuelas del delito y de microtráfico.

Además, otra problemática que se resolvería con las cárceles privadas sería, la desarticulación del hacinamiento, ya que el espacio del centro carcelario no es suficiente para albergar a estas personas.

Siendo evidente la falta de dormitorios adecuados, de baños higiénicos, la no debida capacitación laboral del recluso e, inclusive, la carencia de convenios con centros de estudios que posibiliten la educación del interno.

De esta manera se estaría violando derechos fundamentales, como es el de la dignidad, la salud y la vida, como el de ser capacitados durante su estadía en el espacio carcelario.