Los efectos de los ‘Pandora Papers’ siguen poniendo entre la espada y la pared a un sinfín de políticos y personalidades, quienes tuvieron que salir a dar explicaciones sobre los sospechosos movimientos financieros de las sociedades de las que hacen parte.

Uno de ellos es el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien se ha visto envuelto en una polémica con la divulgación de la investigación en donde su nombre salió a relucir, lo que causó un caos político que amenaza, incluso, con su destitución presidencial.

Así bien lo dieron a conocer a los medios de comunicación los diputados de todos los partidos políticos de la oposición, quienes presentaron ante el Congreso una petición constitucional de revocatoria del mandato al considerar que esta «faltando a la probidad y comprometer el honor de la nación».

Para que la proposición prospere, debe contar con al menos 78 votos a favor, pero se ha sabido que las diferentes bancadas adoptarían la iniciativa, en donde se espera superar el umbral sin mayor dificultad. Por lo que el gobernante y sus defensores se encuentra muy preocupados con del desarrollo de esta petición que ya está en proceso en el Congreso del país austral.

Se espera que la decisión, en pleno, se lleve a cabo el próximo 8 de noviembre a las 10:00 am hora chilena, en donde el presidente y su cargo estará puesto en debate político ante la mirada expectante del país del sur.

Cabe resaltar que el presidente Piñera puede acceder a la defensa de la acusación, la cual será en medio de un debate político y público. No obstante, la solo imputación lo pone en  ‘Jaque’ , dado al involucramiento de la venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los ‘Pandora Papers’

Al mandatario se le imputa que habría usad su cargo para negocios personales, según expresó el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, siendo este el primer paso del proceso de destitución.

Asímismo, es de mencionar que esta nueva polémica que transita el primer mandatario chileno viene luego que la Fiscalía de dicho país decidiera abrir una investigación de oficio por presuntas irregularidades en la venta de sus acciones en un megaproyecto minero, la cual se reportó en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas.