El gobierno no reformó el sistema de salud: lo dinamitó. Y no lo hizo a la luz del día, con debate en el Congreso y participación ciudadana. Lo hizo a escondidas, con la firma de un decreto que impone un rediseño de fondo, sin controles democráticos y pasando por encima de la Constitución.

¿Y si mañana no lo atienden en urgencias porque ya no tiene EPS? ¿Y si su tratamiento queda en el limbo porque se mudó de ciudad?

Eso no es una exageración. Es el futuro incierto que nos impone esta decisión autoritaria, que pone en riesgo la atención de millones de colombianos.

No se trata de un simple ajuste técnico. Es un cambio estructural que desconoce abiertamente el mandato de la Corte Constitucional, que en el Auto 007 advirtió que cualquier reforma que afecte un derecho fundamental como la salud debe tramitarse como ley estatutaria. En otras palabras: con deliberación, con control democrático, con transparencia. Nada de eso ocurrió.

Este no es solo un error jurídico: es una forma de gobierno autoritaria. El Ejecutivo se extralimitó. Impuso, en lugar de construir. Y lo hizo en uno de los sectores más delicados de la vida pública: el que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Pero la forma no es lo único grave. El fondo es aún peor. Hoy, con todos sus defectos, usted sabe a qué EPS llamar para pedir una cita, autorizar un examen o reclamar un medicamento. La EPS es imperfecta, pero funciona como una brújula. El decreto les quita esa función de gestión del riesgo y coordinación de servicios, pero no define quién asumirá esa tarea. Nos deja a la deriva, sin brújula, en medio de la enfermedad.

Hagámonos preguntas simples: ¿Qué pasa si usted, afiliado en Bogotá, sufre un accidente en Cali? ¿Quién garantiza la continuidad de su tratamiento si cambia de ciudad buscando empleo? El decreto menciona “redes territoriales integradas”, pero no responde preguntas básicas de millones de pacientes reales.

A eso se suma una pérdida de derechos. Se restringe la libre elección de asegurador y prestador. Antes, usted podía escoger; ahora, el Ministerio decide. ¿Se imagina a su hijo gravemente enfermo y usted buscando a un senador, a un concejal o a un diputado para que lo atiendan? ¿Y si usted votó por alguien distinto? ¿Y si no conoce a nadie en la política? ¿Se muere su hijo?

La autonomía del paciente se reemplaza por la discrecionalidad del burócrata. No es eficiencia, es concentración de poder. Y en este país ya sabemos qué pasa cuando se mezcla poder, salud y clientelismo.

Incluso la famosa “prevención” de la que tanto habla el gobierno queda reducida a lo mínimo. El decreto limita la Atención Primaria a unos cuantos servicios básicos, como si prevenir fuera solo vacunar o medir la presión. Pero si no se detecta a tiempo un cáncer, una enfermedad cardíaca o una condición mental, el daño ya está hecho. Prevenir no es solo lo básico: es evitar que una enfermedad avance hasta volverse mortal.

Y no se trata de una crítica de la oposición. Más de 50 organizaciones del sector —gremios médicos, asociaciones científicas y de pacientes— lo han advertido con claridad: este decreto no resuelve la crisis, la agrava. Lo hace en lo jurídico, al violar la ruta legal; en lo fiscal, al trasladar responsabilidades a alcaldías y gobernaciones sin recursos; y en lo operativo, al sembrar caos donde debería haber orden.

La salud de 50 millones de colombianos no puede depender de una imposición improvisada. El sistema necesita reformas, sí. Pero con rigor técnico, participación ciudadana y respeto por la ley.

Frente a este panorama, la pasividad no es una opción. Debemos exigir información clara sobre cómo nos afecta, continuar con reclamaciones y tutelas, y alzar la voz —en medios, en redes, en las calles y en los estrados— para defender el derecho a la salud como lo que es: una conquista ciudadana, no una dádiva del poder.

Que no nos impongan el caos como si fuera una cura.

Foto y columna: Colprensa