Por años, Esteban Restrepo ha sido una de las figuras con mayor proyección dentro del progresismo en Antioquia. Su paso por la política no es menor: fue candidato a la Gobernación, obtuvo más de 200 mil votos en solitario y logró conectar con un electorado joven, urbano y cansado de las viejas maquinarias. Para cientos de miles de personas, Restrepo encarnó una alternativa distinta en un departamento históricamente dominado por élites tradicionales.

Precisamente por eso, su palabra pesa. Y cuando pesa, también compromete.

El reciente pronunciamiento en el que cuestiona el rigor judicial aplicado a exfuncionarios como Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Andrés Calle no puede leerse como una simple opinión jurídica. Proviene de un dirigente político con aspiraciones, con audiencia y con una responsabilidad ética frente a quienes creyeron, y aún creen, que el progresismo no era solo un cambio de discurso, sino un cambio de prácticas.

Comparar estos procesos con escándalos históricos como Reficar, Hidroituango o el saqueo a la salud puede sonar atractivo en términos retóricos, pero resulta problemático en términos políticos. No porque la justicia colombiana no haya sido selectiva —lo ha sido—, sino porque el progresismo se comprometió, precisamente, a no justificar, relativizar ni rodear con discursos garantistas a quienes hoy enfrentan serios cuestionamientos por corrupción.

Defender el debido proceso es una obligación democrática. Defender a personas específicas, señalándolas como “víctimas” de la politización de la justicia, es otra cosa muy distinta.

El progresismo no puede repetir el error histórico de otros proyectos políticos que terminaron atrapados en la defensa de los suyos, incluso cuando los hechos exigían distancia, autocrítica y firmeza ética. Ahí es donde muchos procesos se quemaron. Ahí es donde se perdió la autoridad moral.

Esteban Restrepo tiene futuro. Tiene capital político. Tiene credibilidad en sectores que aún creen que la política puede ser distinta. Pero ese futuro no se construye atándose a figuras que hoy representan, para buena parte de la ciudadanía, una traición al discurso del cambio. El progresismo no puede convertirse en un escudo narrativo para actos que deben ser esclarecidos por la justicia, caiga quien caiga.

Antioquia necesita liderazgos que entiendan que el verdadero costo político no está en apartarse de los corruptos, sino en caminar junto a ellos cuando la ética exige tomar distancia.

El país no espera silencios cómodos ni solidaridades automáticas. Espera coherencia. Y, en política, la coherencia, cuando se pierde, rara vez se recupera.