Ocho exintegrantes del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc-EP rindieron su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que entregaron información detallada sobre su participación en masacres, homicidios selectivos, tomas guerrilleras, atentados y desplazamientos forzados ocurridos en los departamentos de Antioquia, Caldas y algunas zonas de Córdoba, donde operó esta estructura.

La diligencia judicial se desarrolló en Medellín durante cinco días, entre el 11 y el 15 de agosto, en el marco del Caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables atribuidos a las extintas Farc durante el conflicto armado. Estos crímenes, por su gravedad, no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Entre los comparecientes que asistieron a las jornadas se encontraba Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’, quien fue el último comandante del Bloque Noroccidental. Junto a él estuvieron Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos Urbano’), Jhover Man Sánchez Arroyave (‘Manteco’), Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’), Ovidio Antonio Mesa (‘Anderson’), Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’), Pedro Baracutao García Ospina y Hernán Gutiérrez Villada (‘Gaddafi’). Adicionalmente, cuatro firmantes de paz que no estaban convocados llegaron de forma voluntaria para contribuir a la construcción de verdad.

Las víctimas participaron de forma virtual en la audiencia y algunas de ellas pudieron formular preguntas en tiempo real a los comparecientes a través de sus abogados. La Procuraduría General de la Nación también participó como garante de los derechos de las víctimas. «Esta audiencia ha sido un reflejo de lo que es la justicia restaurativa. Estos espacios no buscan reabrir heridas, sino hacerlas visibles, conocer su alcance», señaló la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien presidió la diligencia.

Durante la audiencia, los comparecientes respondieron preguntas sobre 58 hechos victimizantes y la magistratura profundizó en la forma de operar de los frentes 9°, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Los exguerrilleros reconocieron que muchas de sus acciones buscaban enfrentar a la fuerza pública y a los grupos paramilitares.

«En esa época quedaron varios municipios sin puestos de Policía por el accionar nuestro», dijo Jesús Mario Arenas , quien agregó que en algunos hechos «se planeaba la acción, pero no mirábamos los efectos en la población».

Uno de los hechos más graves detallados fue el asalto a la estación de Policía de Granada, Antioquia, el 6 de diciembre de 2000. La incursión comenzó con la detonación de un carro bomba que dejó al menos 23 personas muertas, entre ellas civiles, niños y policías. Los comparecientes explicaron que en ese momento tenían la orden de atacar las estaciones como una estrategia para afectar al Estado y fortalecer su presencia territorial.

También hablaron de la toma de Nariño, Antioquia, el 30 de julio de 1999, que dejó un saldo de 10 policías y siete civiles muertos, incluyendo menores de edad. En este ataque resultaron heridas cerca de 20 personas y se produjeron graves afectaciones a edificaciones como el hospital municipal y el Banco Agrario.

Además, aportaron verdad sobre otras tomas guerrilleras como las de Ituango (1995), Campamento (1999) en Antioquia ; y las de Pensilvania (2000) y Montebonito, en Marulanda (2006), en el departamento de Caldas.

Los excombatientes admitieron haber cometido atentados para presionar el pago de extorsiones. Entre ellos, mencionaron el ataque del 25 de octubre de 2003 contra la planta de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) en Yarumal, donde instalaron un explosivo en una cantina de leche, cuyo estallido dejó varios muertos y heridos.

Asimismo, se refirieron a su participación en el atentado del 22 de julio de 2000 contra sedes de «Apuestas Echeverri» en Medellín, que también dejó varias personas heridas. Otro hecho reconocido fue la voladura del puente Danticas en San Rafael, Antioquia, en 2003, que provocó la caída de una ambulancia al abismo y la muerte de una enfermera y dos mujeres más.

Los comparecientes reconocieron el profundo impacto de la guerra sobre la población civil y reiteraron su compromiso con la justicia y la reparación. «Vinimos con el compromiso de decir la verdad, aunque sea duro. Sé que es doloroso, difícil, pero esa fue la guerra que vivimos. Pedimos que nos dejen hacer acciones de reparación en los territorios donde hicimos la guerra», expresó Jesús Mario Arenas.

En este sentido, informaron sobre iniciativas de reparación en las que trabajan, como su participación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros. También mencionaron el libro ‘Cart(a)grafías de memoria: tejidos de reconciliación’, un proyecto de reparación simbólica que contiene cartas de jóvenes de Nariño dirigidas a excombatientes y las respuestas que estos les dieron tras la dejación de armas.

Sobre este proceso de reflexión, el compareciente Ovidio Antonio Mesa afirmó: «La paz humaniza y la guerra deshumaniza. Esa parte humana la estamos viviendo ahora en el proceso de paz, pero en la guerra no la veía». Por su parte, Hernán Gutiérrez Villada, señaló que «lo peor que le puede pasar a un pueblo es una guerra porque nos matamos entre hermanos».

En los próximos meses, las víctimas tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones sobre lo dicho por los comparecientes. Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP contrastará estas versiones con los informes de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria y otras pruebas.

Este proceso permitirá avanzar en la investigación para determinar quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. La JEP aclaró que estas versiones tienen carácter reservado para garantizar la seguridad de las víctimas, los comparecientes y las demás personas que participan en el proceso judicial.

Foto y noticia: Colprensa