El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, notificó la decisión mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, la cual dejó en firme el envío del cabecilla criminal. El funcionario aseguró desde la cárcel La Picota que el trámite administrativo se completó y desestimó las posibilidades de reversar la medida mediante nuevas acciones legales.
«Le queda un recurso que seguirá en trámite, pero, a estas alturas, yo creo que difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión a propósito de su extradición», sentenció el jefe de la cartera.
La defensa de Marín Silva argumentó que la orden de entrega inmediata carecía de motivación suficiente al no valorar las sentencias condenatorias ejecutoriadas en Colombia. El abogado solicitó una «entrega condicionada» para que el requerido pagara primero sus deudas con la justicia nacional por delitos de extorsión, secuestro y homicidio agravado, invocando la protección de los derechos de las víctimas y la soberanía judicial.
El Ejecutivo rechazó la petición al establecer que la facultad de diferir la entrega es «discrecional» y no obligatoria. El documento oficial concluyó que «no resultaba conveniente diferir la entrega» debido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y a la necesidad de cooperar en la lucha contra la criminalidad transnacional.
El Gobierno aclaró que esta decisión no vulnera el debido proceso ni la proporcionalidad, ya que Colombia no ha ejercido jurisdicción sobre los hechos específicos de narcotráfico que motivaron el pedido estadounidense.
La resolución también abordó la situación de Marín Silva frente a la política de paz del Gobierno. Aunque la defensa alegó que la medida desconocía los acercamientos con el grupo ‘La Inmaculada’, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz certificó que el procesado «no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz» ni cuenta con reconocimiento formal como miembro representante, a pesar de pertenecer a dicha estructura ilegal.
Bajo este concepto, el Ministerio de Justicia determinó que los diálogos exploratorios no constituyen un impedimento legal para ejecutar el mecanismo de cooperación internacional.
Marín Silva deberá responder en Texas por tres cargos federales: concierto para distribuir cocaína, concierto para traficar con la intención de importarla a EE. UU., y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de la droga.
Respecto a los procesos judiciales activos en el país, que suman dos condenas en ejecución y once indagaciones, el Gobierno indicó que el extraditado podrá comparecer ante los jueces colombianos a través de «medios virtuales» amparados en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
Durante su declaración, el ministro Idárraga también entregó un balance sobre un operativo simultáneo realizado en 124 centros penitenciarios, el cual calificó como una intervención «inédita» que abarcó a 20.000 personas privadas de la libertad. Las autoridades incautaron 420 celulares y 958 tarjetas SIM, elementos utilizados para la extorsión desde los penales.
El funcionario criticó la gestión de gobiernos anteriores respecto a la infraestructura tecnológica en las prisiones. Idárraga afirmó que pasaron «12 años sin que nadie le hubiera metido mano» a las redes necesarias para implementar bloqueadores de señal efectivos, proceso que la actual administración inició para cortar las comunicaciones ilegales.
En relación con las denuncias sobre interceptaciones ilegales, el ministro confirmó que mantiene contacto directo con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el uso del software ‘Pegasus’. El funcionario señaló que se avanza en una «verificación forense» a raíz de los informes de inteligencia que sugieren una intervención indebida en las comunicaciones.
