Una imagen reciente del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha despertado polémica y rechazo ciudadano. En ella, el mandatario aparece luciendo una chaqueta con las letras, colores y tipografía presuntamente idénticas al movimiento político Creemos, el mismo que lo llevó al poder y que hoy respalda la aspiración de su hermana, Lina María Gutiérrez Zuluaga, al Senado de la República. El gesto, aparentemente inofensivo, podría constituir una posible forma de participación en política y, más aún, un presunto acto de nepotismo político, en tanto usaría su posición como alcalde para favorecer directamente a un familiar en campaña.

La legislación colombiana es tajante frente a este tipo de comportamientos. El artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en actividades de partidos, movimientos o campañas mientras estén en ejercicio de sus funciones. A su vez, el artículo 48 numeral 39 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) tipifica como falta gravísima el “utilizar el cargo para influir en procesos electorales o apoyar candidaturas”.

En reiteradas decisiones, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación han sostenido que incluso el uso de símbolos, colores o lemas identificados con movimientos políticos puede interpretarse como una forma indirecta de participación en política, vulnerando los principios de neutralidad y transparencia.

El caso del alcalde Gutiérrez sería más delicado porque la prenda en cuestión fue usada, presuntamente, durante un acto institucional, rodeado de cámaras, funcionarios y recursos públicos. No se trataría, por tanto, de una acción privada o espontánea, sino de un supuesto mensaje político disfrazado de institucionalidad.

Ese uso de símbolos partidistas desde el poder local podría representar una presunta instrumentalización del cargo y una vulneración a las normas que garantizan la imparcialidad de los funcionarios públicos. La Corte Constitucional, en su Sentencia C-181 de 2002, recordó que la utilización del poder público con fines personales o familiares atenta contra los principios de moralidad administrativa y transparencia que rigen la función pública.

El gesto del alcalde Gutiérrez no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un posible patrón de comportamiento que confunde los límites entre la gestión pública y los intereses familiares. Al usar, presuntamente, los símbolos de su movimiento en medio de una coyuntura electoral en la que su hermana aspira al Congreso, el mandatario estaría enviando un mensaje de respaldo político, aprovechando la visibilidad institucional que le otorga su cargo.

Ese acto, aunque envuelto en aparente normalidad, refleja el modo en que ciertos sectores del poder convierten las instituciones en plataformas familiares y los recursos públicos en herramientas de campaña.

Resulta preocupante que el alcalde de la segunda ciudad más importante del país incurra, presuntamente, en conductas que podrían calificarse como nepotismo político, y que utilice los actos oficiales para apuntalar el proyecto político de su entorno más cercano. Este tipo de prácticas erosionan la confianza ciudadana, contaminan el debate público y consolidan una cultura política basada en el aprovechamiento del poder en beneficio propio.

Distintos sectores políticos de Antioquia, entre ellos el representante a la Cámara Alejandro Toro, han solicitado públicamente que los organismos de control —en especial la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral— investiguen el presunto uso del cargo de alcalde para favorecer la candidatura de su hermana.

Para ellos, este episodio no puede quedar en el anecdotario de la política paisa, sino que debe servir como ejemplo de cómo el poder no puede seguir siendo patrimonio de unas pocas familias que convierten la institucionalidad en trampolín electoral. Medellín no puede permitirse que sus símbolos, su presupuesto y su legitimidad sean puestos al servicio de los apellidos.

Editorial Nación Paisa