La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en contra de cuatro antiguos directivos de la Nueva EPS, a quienes señala de haber participado en un entramado de ocultamiento de facturas y desviación de recursos que superarían los $70.500 millones.
Según la investigación, entre 2019 y 2023 la entidad habría dejado de procesar alrededor de 14 millones de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Esta práctica permitió mostrar estados financieros con utilidades ficticias, cuando en realidad la EPS acumulaba pérdidas que, de haberse reportado, habrían motivado la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud mucho antes de 2024.
Los acusados son José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
El ente acusador sostiene que la supuesta manipulación contable y la disposición indebida de recursos buscaban dar una apariencia de estabilidad y garantizar la permanencia de la entidad en el sistema de salud, pese a las deudas con hospitales y clínicas.
Los cuatro exdirectivos deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el manejo de recursos públicos de la salud.
Aunque la juez del caso negó una medida de aseguramiento en centro carcelario, los implicados enfrentarán juicio en libertad. Ninguno aceptó los cargos.
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