La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta participación en un esquema de entrega de dádivas a congresistas mediante recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La acusación fue radicada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia e incluye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos, según informó el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2023, periodo en el que González Merchán habría impartido instrucciones al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, para direccionar pagos irregulares a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
El expediente señala que 3.000 millones de pesos habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. De manera paralela, 1.000 millones de pesos habrían sido trasladados al entonces presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, mediante un desplazamiento realizado a Montería por el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez.
Los recursos involucrados tendrían origen en un contrato destinado al suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, proyecto financiado con fondos públicos y vinculado a la atención de poblaciones vulnerables.
La Fiscalía sostuvo que los elementos materiales probatorios recaudados permitirían establecer que el exfuncionario habría intervenido directamente en la coordinación y ejecución de estas entregas, presuntamente con fines políticos.
El proceso continuará ahora en sede judicial, donde la Corte Suprema deberá evaluar las pruebas presentadas y definir la responsabilidad penal del exalto funcionario en uno de los casos más sensibles relacionados con el manejo de recursos de emergencia en el país.
