Las oficinas, valoradas en más de $41.000 millones, fueron entregadas al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Es la primera medida cautelar contra una multinacional por estos hechos.
Bogotá, 8 de julio de 2025. En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas pertenecientes a una petrolera internacional de origen francés, señalada de haber financiado a grupos paramilitares en Colombia.
La decisión fue adoptada por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional del ente acusador.
Las oficinas, ubicadas en un edificio del centro financiero de Bogotá, tienen un valor comercial estimado de $41.318 millones de pesos, cerca de 10 millones de dólares, y fueron entregadas al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Su destino será la indemnización de personas afectadas por el accionar paramilitar en el departamento del Casanare.
Pruebas y cooperación internacional
Para identificar los bienes, la Fiscalía accedió a información clave sobre la estructura y control corporativo de la empresa mediante la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), organización de la que Colombia hace parte.
Además, se aplicaron técnicas de análisis criminal, se recolectaron elementos probatorios y se revisaron contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos suscritos por la compañía. El material permitió evidenciar que las más altas instancias del grupo empresarial autorizaron la financiación de actividades ilegales.
Testimonios de exparamilitares
Exjefes del bloque Centauros de las extintas AUC, como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, declararon en versiones libres ante Justicia y Paz que la compañía entregó dinero, combustible, alimentación y transporte al grupo armado ilegal entre 1997 y 2005, a cambio de servicios de seguridad en zonas de extracción de crudo.
Este respaldo habría permitido a la multinacional incrementar su patrimonio durante el periodo de posible vínculo con las estructuras armadas ilegales.
Apoyo institucional
Las investigaciones estuvieron a cargo del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, con apoyo del CTI, el Grupo Investigativo de Jurisdicciones Especiales de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.
