La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por una presunta operación ilegal de inteligencia, manipulación de pruebas y filtración de información en el marco del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tendría como objetivo afectar a testigos clave.
Según la información conocida, las indagaciones apuntan a posibles maniobras para construir actuaciones judiciales con base en material obtenido de forma irregular, al que posteriormente se le habría dado apariencia de legalidad mediante informes periciales presuntamente adulterados.
Uno de los focos del proceso es la situación de Sneyder Pinilla, considerado testigo clave, quien habría sido objeto de estas acciones. De acuerdo con la hipótesis investigativa, se habría intentado fabricar pruebas y posicionar narrativas en su contra, así como contra otros testigos que han declarado en procesos que involucran a altos funcionarios del Estado.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades por la defensa del testigo, encabezada por el abogado Gustavo Moreno Rivera, quien aportó elementos que, según su versión, evidenciarían la existencia de esta operación.
Las autoridades analizan un posible entramado que incluiría el uso irregular de agentes y funcionarios estatales para la obtención de información sin orden judicial, así como su posterior manipulación y filtración a medios de comunicación, con el fin de dar apariencia de investigaciones independientes.
Entre las pruebas bajo revisión se encuentra un documento presentado como peritaje técnico que, según las denuncias, habría sido elaborado por agentes policiales y de inteligencia por fuera de sus funciones legales, lo que podría configurar graves irregularidades dentro del proceso.
La línea investigativa también contempla la existencia de una estrategia más amplia orientada a influir en la opinión pública. De acuerdo con el material recopilado, se habría coordinado la difusión de contenidos a través de la red social X, mediante publicaciones sincronizadas de contratistas del Estado que actúan como influenciadores digitales.
Este componente sugiere, según las autoridades, un posible intento de amplificación artificial de información para posicionar determinadas narrativas y ejercer presión sobre las decisiones judiciales.
La investigación continúa en etapa de verificación de pruebas y podría derivar en nuevas actuaciones si se comprueba la existencia de una estructura organizada para manipular procesos judiciales y afectar el curso de la justicia.
