La contundencia de las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que Juan Jose Laverde Martínez, mediante preacuerdo, aceptara de manera libre y voluntaria su participación en el entramado de corrupción que permitió el direccionamiento y apropiación de recursos del millonario contrato que pretendía llevar Internet a escuelas rurales del país.
En ese sentido, una juez penal del circuito de Bogotá lo condenó a cuatro años de prisión como responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Asimismo, estableció que deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con un equipo de investigadores y peritos financieros – contables, estableció que Laverde Martínez, en su condición de representante de una compañía de seguros, entregó la póliza falsa que permitió a la unión temporal ‘Centros Poblados’ respaldar su oferta ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), y quedarse con el contrato de conectividad que ascendía a un billón de pesos.
Adicionalmente, se determinó que el hoy sentenciado también aportó tres garantías bancarias que indujeron a error a funcionarios del Mintic que aprobaron el desembolso de un anticipo por 70.000 millones de pesos. En virtud del preacuerdo, Laverde Martínez reintegró 186’739.959 de pesos, que corresponderían a los dineros que recibió por su intervención. La juez de conocimiento le reconoció al sentenciado la suspensión condicional de la pena.
