Las recientes declaraciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, extraditado y señalado como cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, comenzaron a ser objeto de análisis en escenarios académicos y jurídicos, en medio del debate nacional sobre presuntas financiaciones ilegales de campañas políticas.

El tema fue abordado durante el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio, que se desarrolla en Bogotá y reúne a magistrados y exmagistrados de las Altas Cortes, así como a expertos nacionales e internacionales en derecho procesal y valoración de la prueba.

En el marco del encuentro, se advirtió que, en caso de abrirse una investigación formal y comprobarse la veracidad de las afirmaciones, tanto el gerente de campaña como el propio presidente Gustavo Petro podrían enfrentar penas mínimas que oscilarían entre cuatro y ocho años de prisión, dependiendo de la adecuación típica de la conducta y del grado de participación que eventualmente se establezca.

No obstante, los panelistas insistieron en que el material divulgado hasta ahora no constituye por sí solo prueba suficiente. El abogado penalista y moderador del foro, José Luis Moreno, subrayó que los audios conocidos públicamente deben ser sometidos a un análisis probatorio riguroso y complementados con otros elementos.

“Esta denuncia es gravísima, pero es importante aclarar que un solo audio no constituye una prueba sólida. Es fundamental recaudar material probatorio suficiente y realizar valoraciones técnicas y objetivas para determinar si existe una conducta penalmente relevante y la responsabilidad de las personas involucradas”, señaló Moreno.

En el panel participan magistrados de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Carlos Roberto Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa e Hilda González, así como Magda Victoria Acosta, magistrada del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, junto a representantes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. También interviene el jurista español Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

Durante el foro se analiza cómo, en contextos marcados por macrocasos complejos, presiones mediáticas y procesos judiciales cada vez más tecnificados, el sistema judicial puede reducir riesgos como la arbitrariedad probatoria, la automatización sin controles suficientes y la falta de estándares claros en la motivación de decisiones judiciales.

Los expertos coincidieron en que cualquier actuación debe ceñirse estrictamente al debido proceso y a la valoración integral de las pruebas, sin que el debate público sustituya los procedimientos formales de la justicia.