La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que harían parte de una red delictiva dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos para la extracción ilegal de minerales en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
Según las investigaciones, la estructura criminal obtenía explosivo tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en países como Ecuador, Venezuela y Perú para luego ingresarlos de manera clandestina al territorio nacional.
Las autoridades explicaron que el material era transportado oculto en vehículos de carga, automóviles particulares y motocicletas para evitar ser detectado en los controles viales. Una vez en Colombia, los explosivos se almacenaban en inmuebles ubicados en los municipios de Marmato (Caldas), así como en Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia), desde donde finalmente se distribuían a los distintos entables mineros que operan sin los permisos legales.
Además del contrabando, la red tenía otra modalidad para adquirir el material. La Fiscalía conoció que, en otras oportunidades, compraba barras de indugel que eran desviadas de manera irregular por empresas legalmente constituidas que contaban con autorización para utilizar este tipo de explosivo con fines industriales.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los cinco posibles implicados los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Adicionalmente, les formuló cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante la audiencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados por el ente acusador. Pese a esto, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia para cuatro de los investigados.
Se trata del presunto cabecilla de la red, identificado como Elkin Giovanny Riascos Ortiz; sus supuestos socios, Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio; y Luz Mery Valencia Bedoya, quien según la investigación habría prestado sus cuentas bancarias para recibir los dineros producto del entramado ilegal.
Por su parte, John Wilderman Franco Hererra, señalado como uno de los transportadores de los explosivos, continuará recluido en un centro carcelario, donde ya permanece privado de la libertad por otro proceso judicial en su contra.
Las evidencias recaudadas por los investigadores también indicaron que Riascos Ortiz y Vásquez Valencia tendrían a su cargo una planta de beneficio y una mina en Marmato (Caldas), las cuales operaban sin los permisos legales y ambientales requeridos para su funcionamiento, agravando el daño a los recursos naturales de la región.
Foto y noticia: Colprensa
