En la mañana de este lunes 20 de noviembre, estaba previsto que iniciaran las audiencias contra Nicolás Petro para acusarlo formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el juzgado de Barranquilla. El hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, se presentó a la audiencia de acusación prevista por la Fiscalía General de la Nación a las 9:00 a.m.

La citación le llegó luego de que la Fiscalía pidiera a Nicolás explicar el ingreso de 1.053 millones de pesos y sus lujosas propiedades, la acusación fue notificada desde el pasado 25 de septiembre cuando el ente acusador presentó el caso.

Petro, habría destinado estos recursos a la compra de carros de lujo y a llevar una vida que acareaban gastos superando los 200 millones de gastos mensuales, situación que encendió las alarmas pues con su sueldo de diputado no habría podido costearse este tipo de comodidades.

¿La defensa de Nicolás Petro busca dilatar el proceso?

La defensa de Nicolás Petro habría presentado un conflicto de competencia, planteando que el juzgado de Barranquilla, donde se iba a adelantar el juicio, no era el competente para adelantar el resto del proceso, pues los hechos que se investigan sucedieron en varios lugares del país y no solo en la capital del Atlántico.

“Estamos ante unos hechos que deben ser juzgados en la ciudad de Bogotá”, afirmó Sebastián García, abogado de Nicolás Petro.

Sin embargo, para la Fiscalía, esta acción pretende dilatar el caso y evitar que avance.

“Según la ley, en caso de que la investigación arroje que los delitos se cometieron en varios lugares, la Fiscalía tiene la potestad de realizar la acusación en donde ella crea pertinente”.

El fiscal encargado de llevar el caso es Mario Burgos, especializado en Seguridad Ciudadana y quien ha llevado diferentes procesos como el del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, y el de María Mercedes Gnecco.

Cabe destacar que, en las pruebas recogidas en contra de Nicolás Petro se encuentra un documento de 86 páginas con 66 pruebas documentales, 36 testimoniales y 25 declaraciones, las cuales probarían que el exdiputado sería culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los delitos habrían ocurrido en medio de las campañas presidenciales del 2022 y los primeros meses de gobierno del presidente Petro.

Ahora, tras la audiencia, se espera que la Corte Suprema resuelva la solicitud de trasladar el proceso a Bogotá.