En los últimos minutos un juez de Manizales negó enviar a prisión a Víctor Alfonso Forero y Juan Camilo López, por presiones indebidas que habrían ejercido para entorpecer la investigación que se sigue en contra de Francisco Javier Martínez Ardila, más conocido como Pacho Malo, quien habría puesto al servicio de negocios ilegales su posición privilegiada como funcionario de la Fiscalía.

La investigación apunta a que ambos exfuncionarios de la Fiscalía, ocultaron información relevante para la investigación que se adelantaba en contra de Pacho Malo. También, que los dos intentaron, a través de presiones, que testigos claves en ese expediente y que hablaron en contra de Martínez Ardila, cambiaran su versión.

Adicionalmente, dice la Fiscalía, que los dos investigadores se valieron de su posición en el ente investigador para interferir en otros procesos, en los cuales llegaron a intimidar a algunos agentes encubiertos que le seguían la pista a Pacho Malo.

A pesar de ello, no fueron enviados a la cárcel porque la Fiscalía no logró argumentar correctamente esa necesidad. En concreto, la juez explicó que uno de los motivos de la petición fue la posibilidad de interferir en la investigación, hecho que no sucedería porque ambos ya no trabajan en el ente investigador y que a pesar de que puedan mantener contactos dentro de la Fiscalía, no hay indicios de que puedan intentar algo así.

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El juez tambíen tuvo en cuenta que ninguno posee antecedentes penales. Por eso ordenó, de manera preventiva, que ambos no podrán acercarse a la Fiscalía a menos de que sean citados.

Francisco Javier Martínez Ardila, excoordinador del CTI de Buenaventura, está en prisión y proximo a ser acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a sistemas informáticos.

El argumento principal de la Fiscalía es que ‘Pacho Malo’ era la cara corrupta de la justicia en el enfrentamiento al narcotráfico, al tráfico de armas y al contrabando en el Puerto,

La Fiscalía explicó un día después de su arresto que existen elementos de prueba para presumir que pertenecía a una red conformada por funcionarios del ente acusador y por particulares. Los integrantes, aseguró el órgano penal, facilitaban la entrada ilegal de mercancía a Colombia por los puertos de Buenaventura, en el Valle, y de Barranquilla, en el Atlántico.

Según la investigación de la entidad, presuntamente extrajo información reservada de un proceso para alertar a los líderes e integrantes de la estructura criminal. Todos esos datos se consignaron en 2021 en un informe del investigador Mario Fernando Herrera Aparicio, asesinado en marzo de ese año. El crimen, hasta ahora, se atribuye a las disidencias de las Farc.

Herrera fue ultimado luego de haber sido secuestrado en Caloto, Cauca. El informe que redactó, según la revista Raya, decía que “Pacho tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto”. El mismo documento también lo relacionaba, en medio de un organigrama de la red delictiva, con narcos como Edgardo Sánchez Arcos, ‘El Ingeniero’.