Un juez de control de garantías impuso medida y aseguramiento en su lugar de domicilio contra los patrulleros de la policía nacional John Edison Ramírez Cardona y Diego Alejandro Sánchez Giraldo por el presunto delito de concusión, luego de verse involucrados en un acto de corrupción en el municipio de Itagüí, tras haberle exigido presuntamente dinero a un conductor para no inmovilizar su vehículo.
Según las investigaciones adelantadas por un fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública de la seccional Medellín, este bochornoso hecho se habría registrado el 4 de febrero de 2024, en el barrio Santa María de Itagüí, Sur del Valle de Aburra, luego que los patrulleros le exigieran presuntamente una suma de 2 millones de pesos a su víctima para no inmovilizar el automotor, como lo venimos informando anteriormente.
Los procesados también, según las fuentes judiciales, habrían intimidado a el conductor del vehículo insinuándole que el automotor estaba involucrado en un supuesto hurto y que podía ser capturado por el delito de receptación.
Las pruebas, además indican que un familiar de la víctima consignó a la cuenta bancaria del padrastro del patrullero Sánchez Giraldo, la suma de $1,800,000 pesos, y posteriormente la transfirió al uniformado involucrado, quien luego retiró en un cajero electrónico el monto consignado en el mismo municipio.
Los dos uniformados de la Policía Nacional fueron capturados por servidores de la Sijin, y en medio de las audiencias concertadas no aceptaron los cargos imputados por el delito de concusión.
