El “valiente” secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, presenta con orgullo sus resultados: envía a golpear ciudadanos que se atreven a protestar. En nombre del orden, grupos de pandilleros disfrazados de funcionarios de convivencia casi matan a golpes a personas que manifestaban de forma pacífica.
Su discurso es una copia mal disimulada del libreto uribista del miedo: habla de “encapuchados” y de “actos vandálicos” para justificar la represión, construyendo un enemigo invisible al que llama “terror urbano”. Es la vieja estrategia de sembrar pánico para legitimar la fuerza bruta.
El secretario, que ni siquiera logra leer con convicción el guion que le escribieron, repite que “actuaron con proporcionalidad” y, en tono amenazante, suelta un “que no se equivoquen”. Luego se contradice al decir que no era una protesta, sino un acto de intimidación a familias y niños, usando la figura de los niños como escudo emocional para justificar la salida de cuerpos privados de seguridad. Lo que vimos, en realidad, fue una especie de paramilitarismo urbano que se siente con derecho a “corregir” ciudadanos.
Nada dijo del bate con el que su aliado y defensor, alias Gury concejal investigado por violencia, salió a golpear. Nada dijo de la brutal paliza que sus “soldados privados” propinaron a jóvenes y defensores de derechos humanos. Silencio absoluto.
La Procuraduría no puede seguir siendo un florero decorativo. Y la Fiscalía de Medellín, una entidad que hoy parece una sucursal política del despacho de Seguridad y del propio Federico Gutiérrez quien, por cierto, otra vez estaba viajando, perdió toda independencia en la ciudad. Los convenios interadministrativos firmados entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía local son el corazón de un entramado donde se diluyen responsabilidades, se “invierten” recursos públicos y se blinda la impunidad.
Camionetas, contratos y lo que, al parecer, serían favores personales forman parte del manto de protección que rodea al secretario. Lo ocurrido en el marco de las protestas por Palestina no es un hecho aislado: es el síntoma de una captura institucional profunda. Medellín está frente a un aparato que manipula la seguridad, tergiversa la justicia y convierte la convivencia ciudadana en un campo de represión privada.
Mientras tanto, la Fiscalía en Medellín parece otra secretaría más de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Se volvió una vergüenza. Y la ciudad, tristemente, empieza a parecerse a los tiempos más oscuros de su historia.
