El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas señala el objeto y la razón fundamental de la Organización, establecida tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Se buscó “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” , así como “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional…”.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -integrado por los voceros de quince países- tiene la función esencial y la responsabilidad básica de mantener la paz y la seguridad en el plano internacional. De acuerdo con la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptada en 1945, todos sus miembros se han comprometido a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, único órgano cuyas determinaciones tienen carácter obligatorio, pues los demás tan solo pueden formular recomendaciones, carentes de poder vinculante.

Pero la Carta de las Naciones Unidas estableció que los cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), fundadores de la Organización, tienen el denominado “derecho de veto”, en cuya virtud cualquiera de ellos puede bloquear una resolución o decisión del Consejo de Seguridad, inclusive si la mayoría o todos los demás la han votado favorablemente.

Sin embargo, por una paradoja completamente inaceptable, aunque el mundo entero ha visto -en vivo y en directo- las atrocidades que tienen lugar en la Franja de Gaza, Naciones Unidas no ha podido hacer nada para cumplir esos propósitos, que justificaron su creación.

Ahora, por sexta ocasión, una proposición del Consejo de Seguridad ha sido frustrada por ese antidemocrático mecanismo: el 18 de septiembre, pese al voto favorable de los otros 14 miembros, Estados Unidos vetó la decisión de ordenar el alto el fuego en Gaza y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Como lo hemos manifestado en otros escritos, fue justificada la reacción de Israel ante los actos terroristas cometidos por Hamás en esa fecha, cuando asesinó cobardemente a personas indefensas que asistían a un concierto y secuestró a otras, a muchas de las cuales mantiene como rehenes. Se trataba de actos criminales que debían ser respondidos. Pero la prolongada respuesta armada de Israel no se ha enderezado contra Hamás sino contra la población civil y contra miles de personas y familias ajenas a los mencionados hechos, en total indefensión. Y ha sido abiertamente irracional, violatoria de los tratados sobre Derechos Humanos, del D.I.H. y de las reglas mínimas aplicables a un conflicto armado.

Lo que acontece hoy en Gaza, según el Derecho Internacional, no es la defensa de Israel. Es un verdadero genocidio. Se busca destruir a un pueblo. Así lo afirmó el 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados.

Hay claras evidencias, como resulta también de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Pero el genocidio continúa.

Foto y columna: Colprensa