Bogotá. La Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Colectivos (Funprodeco), liderada por el ingeniero de petróleos y veedor minero-energético Hermann Gustavo Garrido Prada, lanzó una advertencia pública sobre lo que podría constituir una preocupante estrategia de manipulación mediática y judicial en el sector minero-energético colombiano, con posibles intereses particulares detrás.
Según la fundación, en los últimos días fue radicada una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la Nación, cuyo contenido habría comenzado a circular de manera masiva por cadenas de WhatsApp dirigidas a trabajadores de Ecopetrol y periodistas. Para Funprodeco, esta simultaneidad entre la denuncia y su difusión masiva sugiere una posible intención de generar presión mediática sin pruebas verificables, lo que podría desviar la atención pública de casos ya documentados y mucho más graves.
“Si bien respetamos el derecho a denunciar —incluso de forma anónima—, es indispensable que estos procesos se analicen con rigurosidad técnica y no se conviertan en herramientas de desinformación o cortinas de humo”, afirmó Garrido Prada.
El pronunciamiento se produce en un contexto donde, según Funprodeco, se estaría construyendo un relato que pretende victimizar a Luis Enrique Rojas, ex presidente de Hocol, filial de Ecopetrol. Rojas salió de la compañía en medio de un escándalo por la adjudicación de un millonario contrato de interventoría, presuntamente sin los debidos soportes técnicos y con posibles vínculos a contratistas cercanos a sectores de poder.
Hasta la fecha —señala la fundación— no se conocen avances significativos en la investigación sobre ese contrato, lo que resulta preocupante si ahora se pretende redirigir la atención mediática y judicial hacia denuncias anónimas, en lugar de profundizar en hechos ya conocidos que sí cuentan con indicios claros de irregularidades.
Funprodeco hace un llamado firme a la Fiscalía, la Procuraduría y los entes de control para que actúen con independencia y sin dejarse instrumentalizar por intereses privados o agendas ocultas.
“Colombia necesita instituciones sólidas, investigaciones objetivas y un compromiso real con la transparencia. No puede ser que, mientras se multiplican las cadenas sin rostro, queden en el olvido los casos donde sí hay evidencia concreta de corrupción”, concluyó la fundación.
