Un grupo de 25 de los 28 militares imputados como máximos responsables en la segunda fase del Subcaso Costa Caribe, perteneciente al Caso 03, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate en la región Caribe entre los años 2002 y 2008.
Los comparecientes, que incluyen tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales, aceptaron su responsabilidad por escrito y manifestaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas y los territorios afectados.
Estos crímenes fueron calificados por la JEP como crímenes de lesa humanidad y de guerra. La Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal estableció que de un total de 796 bajas reportadas por 19 unidades militares adscritas a tres brigadas del Ejército en esa zona, 604 correspondieron a asesinatos y desapariciones forzadas.
Entre los altos oficiales que admitieron su responsabilidad se encuentra el mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien fue oficial de operaciones, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada, además de comandante de la Décima Brigada Blindada.
También lo hizo el mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por hechos ocurridos mientras comandaba el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’. El tercer oficial de alto rango es el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, quien estuvo al mando del Batallón de Artillería ‘La Popa’.
A ellos se suman seis coroneles, tres tenientes coroneles y cinco mayores, junto a oficiales de menor rango. Por ejemplo, el mayor Julio César Parga Rivas reconoció que, bajo su comandancia en la Fured y el Gaula Córdoba, la totalidad de las bajas reportadas fueron ilegales, sumando 100 personas asesinadas y presentadas como muertas en combate.
La investigación de la JEP reveló la consolidación de una «macroorganización criminal» que operaba a través de un sistema de presión por bajas en combate, el cual incluía exigencias, sanciones, incentivos y recompensas para inflar artificialmente los resultados operacionales.
Pese a las evidencias recopiladas por el tribunal especial, tres militares de alto rango no aceptaron su responsabilidad: el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero.
Sus casos serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía de la JEP. Esta unidad definirá si los acusa formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, donde se enfrentan a un juicio adversarial que podría resultar en penas de hasta 20 años de cárcel si son declarados culpables.
Tras el reconocimiento de los 25 uniformados, la JEP organizará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en los próximos meses. En esta diligencia pública, los militares deberán asumir su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país. Este reconocimiento debe ser fáctico, aceptando los hechos de forma detallada; jurídico, admitiendo que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos; y restaurativo, demostrando conciencia del daño causado.
La labor de la JEP ya ha permitido que 15 víctimas de esta práctica criminal fueran halladas, identificadas y entregadas dignamente a sus familias. El tribunal continúa trabajando en la identificación de otros cuerpos en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal.
Foto y noticia: Colprensa
