Un video difundido por el Ministerio de Salud desató una intensa controversia en el país al calificar como “fabricada” la crisis de acceso a medicamentos denunciada por entidades de control y organizaciones de pacientes. En la pieza audiovisual, la cartera aseguró que entre 2022 y 2024 aumentó la entrega de tratamientos de mediano y alto costo, aunque no presentó cifras verificables para respaldar esa afirmación.
En el material se mostró un recorte de prensa con declaraciones del propio ministerio, pero sin evidencias adicionales que permitieran sustentar el mensaje institucional. Estas declaraciones contrastan con un informe reciente de la Defensoría del Pueblo que advierte dificultades persistentes en la disponibilidad de medicamentos y en el flujo financiero del sistema de salud.
Debate por el uso selectivo del informe de la Defensoría del Pueblo
El video también generó cuestionamientos por la forma en que fueron presentados fragmentos del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”. El ministerio destacó apartes sobre deudas de las EPS, pero omitió que el documento se refería a obligaciones vigentes y no a “deudas históricas”, como fue afirmado en el video.
El informe también señala desigualdades en la asignación de recursos para equipos básicos de salud, indicando que territorios con mayores brechas de acceso —como La Guajira y Buenaventura— reciben menos del 4 % de los recursos. Asimismo, el Minsalud citó un apartado de la Contraloría sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación, sin mencionar el análisis posterior de la Procuraduría que cuestiona la interpretación del ente fiscal.
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Las críticas aumentaron cuando el ministerio sugirió que ciertos actores con “conflictos de interés” manipulan información en el sector salud, aunque no presentó nombres, casos o soportes que permitieran aclarar esas acusaciones.
El video incluso cuestionó a organizaciones de pacientes, declaraciones que se alinean con señalamientos recientes hechos por figuras políticas, pese a que no existen pruebas públicas que respalden tales afirmaciones. En medio del debate, expertos en salud pública insistieron en que el derecho a reclamar y denunciar barreras de acceso es inherente al sistema, sin depender de la administración de turno.
El episodio profundiza un clima de desconfianza entre el Gobierno y varios actores del sector, mientras persisten los llamados a transparentar datos y publicar información verificable que permita evaluar objetivamente la situación del acceso a medicamentos en Colombia.
