La reciente desclasificación de los denominados «archivos Epstein» ha sacudido nuevamente a la opinión pública internacional, tras la publicación de tres millones de páginas que contienen registros detallados de las conexiones del delincuente sexual fallecido en 2019. Según los últimos reportes, la entrega del 30 de enero incluye 180.000 imágenes y 2.000 videos, donde figuran nombres de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Esta revelación es producto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, una legislación que busca arrojar luz sobre la red de influencia de Jeffrey Epstein en diversos países.

A pesar de la magnitud de la filtración, las autoridades judiciales han sido enfáticas en aclarar que aparecer en los documentos no implica la comisión de un delito. Muchos de los empresarios, políticos y figuras públicas mencionados han negado rotundamente cualquier irregularidad, alegando que sus vínculos con Epstein eran estrictamente profesionales o sociales antes de que se conociera la naturaleza de sus crímenes. No obstante, la magnitud de la evidencia visual y documental sigue siendo objeto de un riguroso escrutinio por parte de investigadores y periodistas de todo el mundo.

El proceso de publicación no ha estado exento de tensiones políticas en los Estados Unidos. Aunque la ley fue promulgada por la administración de Donald Trump, legisladores demócratas y sectores del partido republicano denuncian que aún se estarían reteniendo millones de documentos adicionales. Esta disputa sobre la transparencia ha generado un debate sobre qué información sigue bajo reserva y por qué la administración actual aún no ha cumplido con la entrega total de los archivos, que prometen revelar una red de complicidades aún más profunda.

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Entre los nombres que históricamente han sido vinculados a estos registros ya sea por viajes en el avión «Lolita Express» o visitas a su isla privada se encuentran figuras de la talla del Príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente Bill Clinton y el propio Donald Trump, aunque todos han mantenido su inocencia frente a los señalamientos más graves. La actual investigación de las autoridades estadounidenses sigue procesando la vasta cantidad de datos, mientras la sociedad civil exige justicia para las víctimas.