Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue citado nuevamente este miércoles 24 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia para que rinda declaración presencial en el proceso que se adelanta contra los senadores Julio Elías Chagui y Martha Peralta, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a esa entidad.

La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción, y se fijó para las 10:00 de la mañana en las instalaciones del alto tribunal en Bogotá, según consta en el oficio con radicado interno 01239. Esta citación se produce apenas un día después de que López compareciera ante el mismo tribunal para testificar en la investigación contra la senadora Berenice Bedoya.

La jornada del martes 23 de septiembre estuvo marcada por la declaración de López contra la senadora Bedoya, del partido ASI. A su llegada a la Corte, fuertemente custodiado, el exdirector aseguró: «Vengo a decir la verdad, acudiré a la Justicia y sigo esperando el preacuerdo».

En un interrogatorio previo ante la fiscal María Cristina Patiño, López involucró a Bedoya en el entramado, a quien señaló de haber solicitado, por intermedio de la senadora Martha Peralta, un contrato para obras en los departamentos de Meta y Casanare. Según el exfuncionario, estas gestiones buscaban asegurar votos para la reforma pensional que se tramitaba en el Congreso.

López detalló que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió que “se entendiera” con la senadora Peralta y la apoyara. Explicó que tras esa instrucción se programó una reunión en la que también apareció Bedoya.

“La senadora Bedoya le pasa el celular y (Peralta) me enseña, porque yo quedo en un espacio entre las dos, me muestran la necesidad de ‘ayúdenme con este contrato o sea, sáquenos este contrato’“, narró López.

Para sustentar su versión, mostró una conversación de WhatsApp del 15 de junio de 2023 con Peralta en la que se leía: “Meta, Puerto Concordia (…) protección para el control de erupción en el margen izquierdo del río Ariari”. Añadió que la propia Bedoya le envió el 13 de junio otro proyecto para Aguazul, Casanare. Ante la fiscal, López fue claro al explicar el propósito de estas peticiones: «estaba en medio de la discusión de la reforma pensional y la orden era ‘llegue a la comisión, póngase a disposición de la senadora Martha Peralta’ (…) para mí era claro que entonces, se trataba de tener satisfecho a los congresistas para que votaran en la comisión».

La colaboración de Olmedo López se encuentra en un momento judicial clave. El pasado 12 de septiembre, un juez aplazó la audiencia de acusación en su contra a la espera de que se concrete el principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía, en el que se comprometió a declarar contra todos los implicados en la red que, según el ente acusador, se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional para direccionar contratos a cambio de coimas entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

Al término de la diligencia del martes, su abogado José Luis Moreno advirtió que la colaboración peligra si no se aprueba el pacto judicial. Explicó que, sin este aval, las declaraciones de su cliente no podrían sostenerse en la etapa de juicio oral, lo que afectaría el avance de las investigaciones.

No es la primera vez que un acuerdo con López se frustra. En mayo pasado, un juez rechazó un preacuerdo en el que pactaba una pena de seis años y dos meses de cárcel, al considerar la condena “irrisoria” frente a la apropiación de más de $20.000 millones, de los cuales solo se comprometía a devolver $724 millones. Su caso contrasta con el de su exsubdirector, Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras reintegrar $618 millones.

Las declaraciones de López provocaron una fuerte reacción del presidente, Gustavo Petro, quien lo calificó de «ladrón de recursos públicos confeso» y «traidor». En respuesta, el exdirector envió una carta a la Corte en la que denunció temer por su seguridad al ser estigmatizado por el jefe de Estado.

López, quien militó junto a Petro en la guerrilla del M-19, afirmó que ser tildado de «traidor» en esa organización «equivale a poner precio a mi cabeza», pues era un señalamiento castigado con la muerte.

Su abogado, Luis Gustavo Moreno, insistió en la necesidad de garantías y ratificó que su cliente fue objeto de un intento de soborno por $10.000 millones «con el fin de alterar la verdad procesal». Además, denunció que diez hombres armados intentaron ingresar a la residencia donde preparaban la defensa y que a su cliente le fue sustraída una caja de seguridad con documentación relevante.

La investigación de la Corte Suprema sobre los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, hoy presos en la cárcel La Picota, reveló el «modus operandi» de la red. Según el expediente, se pagaron sobornos por $4.000 millones para asegurar el trámite de las reformas del Gobierno.

El dinero, según la declaración del prestamista Pedro Castro Espinoza, provino de un préstamo particular y fue entregado a Sneyder Pinilla en maletines deportivos y bolsas de basura.

La investigación concluyó que Name habría recibido $3.000 millones a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, mientras que Calle habría obtenido $1.000 millones directamente de Pinilla. Dicho préstamo se pagó con fondos públicos desviados del anticipo del contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, vehículos que resultaron inoperantes.

Foto y noticia: Colprensa