El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en su más reciente informe trimestral que la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia atraviesa un momento crítico marcado por el deterioro de la seguridad en los territorios, pues documentó un alarmante aumento del 36% en los asesinatos de excombatientes durante 2025 en comparación con el año anterior.

El diplomático también ondenó enérgicamente las operaciones militares que resultaron en la muerte de menores de edad reclutados forzosamente, hechos que calificó como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario mientras instó al Gobierno a pasar de los marcos normativos a las acciones concretas antes de finalizar su mandato.

Los niños en medio del fuego cruzado

El informe, que será presentado oficialmente en Nueva York el próximo 23 de enero, adoptó un tono severo frente a la protección de la infancia en el conflicto. Guterres hizo referencia directa a la operación militar en Guaviare ocurrida en noviembre, donde murieron varios miembros de un grupo armado, incluidos siete menores de edad.

“El reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de actores armados ilegales constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, sentenció el Secretario General en el documento.

Ante la gravedad de los hechos, el alto funcionario fue enfático en su rechazo a estas dinámicas de guerra que golpean desproporcionadamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

“Condeno enérgicamente esta práctica, que afecta a pueblos étnicos en particular, insto a todos los grupos armados a que dejen de reclutar y utilizar a niños y niñas y hago un llamado a las autoridades para que adopten todas las medidas preventivas necesarias durante las acciones militares para salvaguardar la vida y los derechos de los menores”, exigió Guterres.

Desangre de firmantes de paz

La seguridad de quienes dejaron las armas hace nueve años sigue siendo el punto más débil de la implementación. La Misión de Verificación confirmó que la violencia contra este grupo poblacional no cede, sino que empeora.

“Durante 2025, se constató un aumento del 36% de los asesinatos contra excombatientes en comparación con 2024”, reveló el informe.

Solo en el último trimestre de 2025 se registraron tres nuevos homicidios en Meta y Valle del Cauca, elevando la cifra total del año a 45 firmantes asesinados. Desde la firma del Acuerdo Final, la cifra histórica de excombatientes ultimados asciende a 487.

Para el Secretario General, “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.

Guterres explicó que la mayoría de estos crímenes derivaron de “disputas entre grupos armados por el control territorial y las economías ilícitas”, sumado a una “presencia limitada del Estado en las zonas rurales”.

Reforma rural: avances y deudas

Aunque el documento reconoció que el Gobierno de Gustavo Petro logró “progresos significativos en la distribución de tierras”, las cifras aún distan de las metas estructurales del Acuerdo.

Según el reporte, hasta noviembre de 2025 se entregaron 291.030 hectáreas a campesinos y víctimas, lo que “representa casi el 10% del objetivo de tres millones de hectáreas establecido en el Acuerdo”. En contraste, la formalización de tierras mostró un mejor desempeño, superando los 3,6 millones de hectáreas, más de la mitad de la meta de siete millones.

Sin embargo, la ONU alertó sobre un vacío legal que frena la justicia en el campo: el Congreso aún no ha debatido la ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria.

“Apelo al Congreso a que delibere y alcance un consenso sobre el proyecto de ley que regula la Jurisdicción Agraria y Rural, mecanismo que podría acelerar la reforma rural”, solicitó Guterres, recordando que esta instancia es vital para resolver conflictos de tenencia de tierra.

Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en el horizonte, la ONU expresó su preocupación por las garantías de seguridad para el ejercicio político en las regiones apartadas.

El Secretario General destacó la importancia de “adoptar medidas de seguridad sólidas para salvaguardar las próximas elecciones” y pidió blindar la participación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“Deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral (…) y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”, añadió el diplomático.

Vivienda y reincorporación, tareas pendientes

El informe también evidenció rezagos en la calidad de vida de los excombatientes. Si bien hay avances en los antiguos Espacios Territoriales (ETCR), la situación es crítica para la mayoría que vive fuera de ellos.

“El 85% de los excombatientes que reside fuera de los ETCR sigue teniendo pocas opciones para acceder a vivienda y servicios básicos”, detalló el documento.

Ante el cierre del periodo de gobierno, Guterres lanzó un mensaje directo a la administración para acelerar la ejecución de recursos y proyectos.

“Hago un llamado al Gobierno para que, durante los meses que restan de su mandato, trabaje para acelerar este proceso, asegurando que se cumplan los compromisos”, concluyó el Secretario General.

(Colprensa)