Luego de casi dos semanas de bloqueos, protestas y afectaciones a la movilidad, fue levantado el paro minero que se desarrollaba en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, tras la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y autoridades territoriales.
La jornada de protesta, que completó cerca de 12 días desde su inicio el pasado 16 de marzo, generó impactos en corredores estratégicos y episodios de alteración del orden público en municipios como Caucasia y El Bagre.
Acuerdos y articulación institucional
En el proceso de negociación participaron entidades como el Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la Agencia Nacional de Minería, con acompañamiento de organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Según lo informado, los acuerdos alcanzados serán anunciados oficialmente por la mesa del paro minero en las próximas horas.
Las autoridades destacaron que, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), se mantuvo un monitoreo permanente durante las jornadas de protesta, permitiendo la toma de decisiones oportunas y la coordinación interinstitucional para preservar el orden público y los derechos de la ciudadanía.
Balance de seguridad durante el paro
Durante los días de movilización, la Policía Nacional de Colombia desplegó más de 500 uniformados en la región para garantizar la seguridad, acompañar las marchas y mitigar los efectos de los bloqueos.
Bajo la coordinación del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, los operativos se concentraron en puntos críticos como Caucasia, El Bagre y el sector de Jardín de Tamaná, conocido como “El Humo”, donde se registraron bloqueos viales y hechos de violencia como la incineración de vehículos.
En medio de estos hechos, fue capturado un joven de 21 años, señalado de participar en la obstrucción de vías y en agresiones contra uniformados en el municipio de El Bagre. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, las autoridades informaron que avanzan en la identificación de otros presuntos responsables de actos vandálicos, por quienes se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
Llamado a la legalidad y advertencias
Tras el levantamiento del paro, el Gobierno reiteró su respeto por la protesta social como un derecho legítimo, pero rechazó cualquier manifestación de violencia.
Asimismo, hizo un llamado a que los procesos de formalización minera avancen dentro del marco legal y con responsabilidad ambiental.
Finalmente, se advirtió que continuará la ofensiva contra la minería ilegal con acciones coordinadas entre la Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, en medio de los retos de seguridad que persisten en esta subregión del país.
