En 2020, Colombia implementó un certificado oficial para personas con discapacidad (PcD), como una herramienta destinada a garantizar sus derechos y facilitar accesos de servicios para esta población.
Cinco años después, sin embargo, los resultados de esta política siguen siendo escasos, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación Saldarriaga Concha.
Este informe analizó las fallas en el sistema para la elaboración de estos documentos y recogió los testimonios de personas con discapacidad y sus familias.
Según datos del Dane, solo 447.363 personas con discapacidad tienen el certificado oficial creado hace 5 años. La mayoría se encuentran en Bogotá (70.922), Antioquia (40.140) y Valle del Cauca (30.906). En contraste, en regiones como Vaupés solo se han expedido 179 certificados.
Lina Maria González, líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, explicó que se trata de una cifra muy baja si se tienen en cuenta que en Colombia hay 2,65 millones de personas con discapacidad, que equivalen a alrededor del 5% de la población nacional. En el mundo, la población con discapacidad equivale al 15% del total de la población.
Las cifras reflejan además profundas desigualdades territoriales en acceso a servicios de salud, conectividad, infraestructura y personal profesional.
La Fundación identificó barreras estructurales que dificultan el proceso de certificación que incluyen: falta de formación profesional, desinformación por parte del personal capacitado y también por parte de la población, complicaciones administrativas, alta rotación del personal, demoras en la atención, recursos insuficientes y, por último, el impacto del conflicto armado.
El desconocimiento del funcionamiento del certificado también hace que el panorama sea más desalentador, “No hacemos certificados si los soportes médicos son muy básicos. Eso deja a muchos niños sin diagnóstico”, explicó un fisioterapeuta de Pereira citado por la Fundación.
El informe plantea soluciones como fortalecer la información del profesional en temas de discapacidad, simplificar procesos administrativos, mejorar la conectividad y accesibilidad en todo el país, e implementar campañas de difusión claras y honestas diseñadas de la mano de las comunidades de personas con discapacidad.
“Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un referente de inclusión social en América Latina, pero para ello es imprescindible que se revisen y reformen las políticas actuales. Sólo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar que todas las personas con discapacidad en el país tengan el acceso pleno a sus derechos y puedan vivir con dignidad y autonomía”, comentó González.
Foto y noticia: Colprensa.
