La convocatoria hecha por Andrés “Gury” Rodríguez, concejal de Medellín, y Andrés Escobar, concejal de Cali, ha desatado una fuerte controversia al promover la creación de una formación militar ciudadana, conformada por reservistas y civiles, para enfrentar la huelga.

Los cabildantes, conscientes de su responsabilidad civil y penal frente a los hechos de violencia que puedan generarse, difundieron un video en redes sociales convocando a la ciudadanía y a la reserva activa a realizar una “formación militar” para, supuestamente, proteger el orden público en las principales ciudades del país.

Ante esta situación, el Presidente Gustavo Petro y la Senadora Isabel Zuleta, se pronunciaron sobre el hecho y pidieron a las autoridades competentes que revisen la legalidad de la convocatorial.

«Le solicito a la Fiscalía iniciar investigación a fondo contra estas actitudes sediciosas. No más amenazas contra el pueblo y sus derechos. Las juventudes y la ciudadanía de las comunas populares deben tener derecho a. la paz y la libertad. Las mujeres de Antioquia tienen derecho a la estabilidad laboral, los microempresarios a créditos en la banca, y la gente que trabaja a una jornada de ocho horas para poder descansar y estudiar. Toda mujer antioqueña a la edad de pensionarse debe tener derecho mínimo a un bono pensional. Todo campesino o campesina tiene derecho, llegada su edad a un bono pensional. No es populismo, es la dignidad del pueblo. No más amenazas», aseguró el Presidente Gustavo Petro. 

Por su parte, la Senadora Isabel Zuleta, comentó: «No pues, tan machitos amenazando a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Los hemos visto corriendo porque son unos cobardes. Le pido a Fiscalía que investigue estas amenazas y nos proteja de esta gente a quienes vamos a salir a marchar».

El evento, programado para el miércoles 28 de mayo en la avenida San Juan de Medellín a las 4:00 de la tarde, ha sido interpretado por analistas y defensores de derechos humanos —quienes pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias violentas— como un llamado irresponsable que bordea los límites de la legalidad e incita a la violencia y a la justicia por mano propia.

Según los propios concejales, el objetivo es “responder” a la huelga convocada por sindicatos y sectores sociales que apoyan al Gobierno Nacional.

«Vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio, y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer», afirmó Rodríguez en el video.

Por su parte, Escobar manifestó: “Aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea. La primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar”.

Además, preocupa que uno de los promotores, Andrés Escobar, se encuentre aún bajo la lupa pública tras los hechos del estallido social de 2021, cuando fue grabado accionando un arma contra manifestantes, hecho por el que enfrentó procesos judiciales.

Este tipo de discursos ha generado alarma, pues recuerda los dolorosos antecedentes del paramilitarismo en Colombia, cuando civiles armados asumieron funciones de seguridad con nefastas consecuencias: violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y miles de víctimas que aún reclaman justicia.

Diversas voces de la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, han rechazado este tipo de iniciativas, toda vez que la violencia política y el lenguaje agresivo que se utiliza solo alimentan el odio y la supuesta justicia por mano propia.

Cabe señalar que la seguridad y el mantenimiento del orden son funciones exclusivas del Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, bajo los principios del monopolio legítimo de la fuerza y el respeto al orden constitucional.

El llamado a una supuesta «formación militar ciudadana» puede interpretarse como un intento de deslegitimar la protesta social y tensionar aún más el ya complejo clima político y social que vive el país. Las diferencias deben tramitarse por vías democráticas, no mediante amenazas o convocatorias que puedan derivar en confrontaciones violentas.

Ante este panorama, se hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen la legalidad de estas convocatorias y se garantice que tanto la protesta como la seguridad ciudadana se desarrollen en un marco democrático y de respeto por los derechos fundamentales.

Editorial – Nación Paisa

Foto: Colprensa