El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión judicial que ordenó el embargo de las cuentas del Estado por las deudas que se tienen con las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que los pocos recursos que tiene los embarga”, expresó Petro tras la decisión ordenada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito.
El mandatario criticó la medida, calificándola como «una acción política» que no favorece los intereses de Antioquia, Medellín ni del país.
Petro enfatizó que “eso no se puede permitir” e insistió en su función constitucional de control y vigilancia sobre los servicios públicos en Colombia, afirmando que “no se pueden pasar por alto los derechos constitucionales del Gobierno.”
Durante el Consejo de Ministros, el jefe de Estado ordenó a la directora del Dapre y al ministro de Energía, Edwin Palma, tomar acciones concretas ante las medidas legales interpuestas.
“Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público, que es toda la sociedad, no de los contratistas que se enriquecen con el dinero público”, enfatizó Petro en su mensaje.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el Gobierno Nacional aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3, deuda que desde el año pasado mantiene con EPM y sus filiales, y que ya asciende a más de $1,2 billones.
“Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta. Por esta razón, decidimos acudir a la justicia y hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional”, señaló Gutiérrez.
Ante esta situación, el mandatario de Medellín demandó al Gobierno por las deudas pendientes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander – EPM, así como por otras demoras financieras con Afinia y otras filiales.
Foto y noticia: Colprensa