La población trans privada de la libertad en Colombia enfrenta una triple vulneración: por su condición de reclusión, por las precarias condiciones del sistema penitenciario y por su identidad de género. Así lo advirtió Valentina Villamarín, investigadora del Instituto Rosarista de Acción Social (Seres) de la Universidad del Rosario, en un análisis sobre la situación de este grupo en las cárceles del país.
De acuerdo con el libro “Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad”, elaborado por el Instituto Seres, los principales problemas detectados son la falta de acceso a la salud con enfoque de género, la ausencia de protocolos diferenciados y la discriminación estructural.
“Hay mujeres trans en cárceles de hombres y hombres trans en cárceles de mujeres. Eso significa que no se respetan las identidades de género y que estas personas enfrentan discriminación, rechazo y violencia física”, explicó Villamarín.
Salud con enfoque de género: un vacío pendiente
El Instituto Seres identificó que uno de los mayores vacíos en los centros penitenciarios es la atención médica integral. Para las personas trans, la salud no se limita al tratamiento de enfermedades, sino también al acompañamiento en su transición de identidad de género, lo que requiere acceso a endocrinología y hormonización.
Sin embargo, según Villamarín, en muchos casos estas personas deben autoformularse tratamientos, arriesgando su salud, o incluso interrumpir su proceso de transición como mecanismo de supervivencia frente a posibles agresiones.
Aunque existe una resolución del INPEC sobre enfoque de género, esta fue producto de fallos de tutela y no de una política integral. Persisten además obstáculos para el ingreso de prendas de vestir acordes a la identidad de género y para el reconocimiento de las visitas íntimas sin discriminación.
En 2023, cifras oficiales reportaron 243 personas trans en cárceles colombianas, aunque, según la investigadora, esta cifra está subestimada por el miedo de muchas a identificarse públicamente.
Espacios seguros: casos excepcionales
El concepto de “espacio seguro” para población trans en prisión es casi inexistente. Muchas personas no pueden salir de sus celdas para ir al baño, asistir a clases o participar en talleres por temor a la violencia.
No obstante, se han documentado experiencias positivas como el pabellón especial para población LGBTIQ+ en la cárcel Villahermosa de Cali, y las iniciativas de mujeres trans en La Picota, Bogotá, que han logrado abrir espacios de respeto. “Son casos excepcionales”, advirtió Villamarín.
Formación a la guardia penitenciaria
Otro de los aspectos clave señalados por el Instituto Seres es la necesidad de capacitar a la guardia penitenciaria en enfoque diferencial. Actualmente, el centro adelanta un diplomado con 30 funcionarios del INPEC en temas de derechos humanos, construcción de paz y prevención de prácticas discriminatorias.
“La ley antidiscriminación no basta si no se enseña cómo aplicarla en el día a día, desde el uso del pronombre correcto hasta la prevención de abusos”, explicó Villamarín, quien destacó la inclusión de un módulo de prácticas restaurativas y de salud mental para el personal penitenciario.
Una deuda pendiente del sistema carcelario
El hacinamiento, la falta de programas de resocialización y las precarias condiciones de salubridad afectan a toda la población penitenciaria. Sin embargo, en el caso de las personas trans, la vulneración es mayor.
“Una persona trans sufre el doble o el triple por su identidad de género. No se trata de privilegios, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy están siendo negados”, concluyó la investigadora.
El libro “Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad”, escrito por Valentina Villamarín, Jorge Bermúdez y Giovanny Paredes, contó con el apoyo de la Red Comunitaria Trans, el programa Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción y la Corporación Pazósferase. El documento está disponible en el repositorio de la Universidad del Rosario.
Foto: Colprensa
