En democracia, preguntar no es un delito. Tampoco es un acto de militancia ideológica. Es, simplemente, la esencia del periodismo. Por eso resulta profundamente preocupante que desde la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Bello se intente descalificar el ejercicio informativo bajo el argumento de que “es ideológico” preguntar por hechos que involucran a una funcionaria pública.

El director de Comunicaciones, Camilo Moreno Tamayo, ha sostenido que la situación consultada por este medio “es personal” y que, por tanto, “ni siquiera debería mencionarse a la Alcaldía”. La respuesta, más que aclarar, abre un debate mayor:
¿Desde cuándo las preguntas sobre el entorno y las relaciones de los funcionarios públicos se convierten en un asunto prohibido?

Conviene recordar que las preguntas de este medio no surgieron de una opinión editorial ni de un ataque político. Se derivan de una solicitud pública presentada por una organización de veeduría ciudadana, es decir, de un mecanismo legítimo de control social. En lugar de responder con información verificable, la reacción institucional ha sido intentar etiquetar el cuestionamiento como ideológico, una práctica que históricamente se ha utilizado para deslegitimar a la prensa incómoda.

Cuando desde una oficina pública se pretende señalar al periodista en lugar de responder a la ciudadanía, el problema deja de ser mediático y pasa a ser institucional.

El argumento de que todo pertenece a la “vida personal” tampoco puede convertirse en un escudo automático cuando se trata de funcionarios públicos. La línea entre lo personal y lo público se vuelve relevante cuando existen interrogantes sobre relaciones, encuentros o vínculos con personas condenadas por corrupción en el propio municipio.

No se trata de afirmar culpabilidades ni de lanzar juicios anticipados. Se trata, simple y llanamente, de preguntar.

Y las preguntas siguen ahí, esperando respuestas claras:

  • ¿Existen o han existido encuentros entre funcionarios de la Alcaldía de Bello y personas privadas de la libertad por casos de corrupción relacionados con el municipio, particularmente con el exalcalde condenado?

  • ¿Quiénes han visitado centros penitenciarios en ese contexto y con qué propósito?

  • ¿Se han realizado reuniones de carácter político o administrativo con personas que hoy están en prisión?

  • ¿Puede garantizar la administración municipal que desde la cárcel no se está intentando influir en decisiones públicas, contratos o nombramientos?

Estas no son acusaciones. Son preguntas que cualquier sociedad democrática tiene derecho a formular. Y son preguntas que una administración transparente debería estar dispuesta a responder sin recurrir a la descalificación del periodismo.

En lugar de estigmatizar el trabajo de los medios, la Alcaldía de Bello tiene hoy una oportunidad: abrir las puertas a la información, aclarar los hechos y demostrar que no existe ninguna relación indebida entre la administración municipal y personas condenadas por corrupción.

La transparencia no se defiende atacando a la prensa; se defiende con respuestas.

Porque cuando las instituciones se molestan más por las preguntas que por los hechos que generan esas preguntas, lo que está en juego ya no es la reputación de un medio, sino la confianza pública.
Y esa, en democracia, se construye con información, no con silencios.