La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Andrés Romero Calderón, señalado de presuntamente amenazar de muerte a varios funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, en hechos que estarían relacionados con decisiones administrativas sobre predios ubicados en ese municipio de Cundinamarca.
De acuerdo con la investigación, el procesado habría protagonizado varios episodios de intimidación contra servidores públicos entre 2022 y 2025. Los hechos llevaron a las autoridades a adelantar labores investigativas que permitieron recopilar elementos materiales probatorios y solicitar una orden de captura en su contra.
Según el ente acusador, Romero Calderón habría ingresado en dos oportunidades a las instalaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en agosto de 2022 y octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a varios funcionarios de la entidad.
La Fiscalía también indicó que el pasado 8 de abril el entonces registrador de Instrumentos Públicos de Soacha recibió una corona fúnebre en su despacho. Las investigaciones señalan que dicho elemento habría sido enviado por el hoy procesado como parte de las presuntas amenazas dirigidas contra funcionarios de la entidad.
Presunta retaliación por decisiones sobre predios
De acuerdo con las autoridades, las intimidaciones estarían relacionadas con decisiones administrativas adoptadas por la Oficina de Registro respecto al cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a terrenos ubicados en la zona férrea y la Autopista Sur de Soacha.
La hipótesis investigativa señala que el procesado pretendía desarrollar actividades de explotación económica sobre esos predios y que las medidas adoptadas por la entidad habrían motivado las presuntas acciones de retaliación.
Como parte del proceso judicial, unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura en una diligencia realizada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, petición que fue avalada por el juez de control de garantías encargado del caso.
Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que involucra presuntas amenazas contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
