«Con más dudas que respuestas» fue calificado por la Procuraduría el informe presentado por representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tras un seguimiento a la intervención que hizo a la empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P.
Según explicó el ente de control, se realizó una mesa de trabajo para atender las inquietudes y los argumentos que se tuvo para intervenir la empresa que presta los servicios de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En esta mesa técnica, la Procuraduría cuestionó que la Superservicios no tuviera informes consolidados sobre el monto de la deuda actual que tiene la electrificadora con las generadoras energéticas y sobre el patrimonio y activos de la entidad.
«No fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida», recriminaron desde el Ministerio Público.
Además, cuestionaron que la Superservicios y Agente Especial, a la fecha, no tengan planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco tengan medición de los impactos causados por la decisión.
Señala la Procuraduría que después de varios meses de haber asumido el control del funcionamiento de la electrificadora, la Superservicios «no contemple un plan de solución definitiva dirigido a la reorganización o la liquidación de la empresa, ni propuestas concretas para la continuidad de la prestación del servicio».
En su informe, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública envian una alerta frente a esta compleja intervención que evidencia «una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes lo que podría comprometer la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país».
Ante este panorama, el Ministerio Público citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió nueva información para el 16 de mayo.
Foto y noticia: Colprensa
