La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió fallas en el proceso de selección de una alianza estratégica para la modernización del alumbrado público en Cali y solicitó suspenderlo hasta que se cumplan condiciones mínimas de planeación, transparencia y soporte técnico. La advertencia quedó consignada en el oficio PDFP1 No. 0431 del 28 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el documento, los estudios técnicos que sirven como base del proceso —incluido el Plan Maestro de Alumbrado Público— no estaban terminados ni contaban con recibido a satisfacción, pese a que estos insumos tuvieron un costo superior a los $2.800 millones. Aun sin estar en versión definitiva, el proceso avanzó hacia la contratación.
La Procuraduría también señaló que la información no fue publicada en la plataforma SECOP II, incumpliendo las obligaciones de publicidad que rigen incluso para entidades con regímenes contractuales especiales. La ausencia de estas publicaciones afecta, según el documento, la posibilidad de realizar control ciudadano y limitaría la transparencia del proceso.
El organismo de control cuestionó además que no exista un procedimiento claro para adelantar la alianza estratégica. El cronograma compartido no define etapas, plazos, criterios de evaluación ni reglas de selección, lo que —según el oficio— podría comprometer la selección objetiva y el uso adecuado de los recursos públicos.
Otro de los puntos advertidos tiene relación con los indicadores financieros exigidos a los interesados. La Procuraduría indicó que estos no presentan un sustento técnico verificable ni están soportados en un estudio financiero del sector, lo que podría impactar la evaluación de eventuales oferentes.
Ante estos hallazgos, la entidad instó a suspender el proceso hasta que se cuente con documentos completos y definitivos, se publique toda la información en SECOP II, se establezca un procedimiento contractual estructurado y se entreguen respuestas a las observaciones realizadas. La Procuraduría otorgó un plazo de tres días para remitir la información requerida y aclarar las actuaciones adelantadas durante la etapa de precontratación.
