La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, quien ocupó el cargo durante el periodo 2020-2023, y contra la exsecretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata Cano, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por $654.771.000.

De acuerdo con el ente de control, los hechos se relacionan con la suscripción de un convenio administrativo en abril de 2022, bajo la modalidad de contratación directa, entre la Alcaldía de Copacabana y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte).

Según la investigación disciplinaria, el entonces alcalde, en su calidad de representante legal del municipio, habría firmado el convenio para la ejecución de servicios de carácter técnico, investigativo, administrativo y financiero, entre otros, los cuales hacían parte del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Copacabana con seguridad”.

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que, para la fecha en que se celebró el contrato, existía una presunta prohibición legal vigente emitida por los entes competentes del Estado, lo que pondría en entredicho la legalidad del procedimiento contractual utilizado.

En el mismo proceso, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá investiga si la entonces secretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata Cano, habría elaborado y expedido los estudios previos que sirvieron de soporte para la celebración del convenio, a pesar del impedimento legal existente, lo que habría permitido la continuidad del trámite contractual.

Tras el análisis preliminar, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta de ambos exfuncionarios como falta grave, atribuida a título de culpa gravísima, lo que implica que habrían actuado con un alto grado de negligencia frente a sus deberes funcionales.

El proceso disciplinario continuará su curso para determinar la responsabilidad individual de los investigados y establecer si se configuraron faltas sancionables en el marco de la normativa que rige la contratación pública.