Videos difundidos en redes sociales muestran al concejal Andrés Felipe Rodríguez Huerta, del Centro Democrático, confrontando con un bate de béisbol a manifestantes pro Palestina en Medellín. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria por presunto abuso de autoridad, incitación a la violencia y vulneración del derecho a la protesta pacífica.
Hace pocas horas, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura formal de una investigación disciplinaria contra el concejal del Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez Huerta, conocido en el Concejo de Medellín como “El Guri”, tras protagonizar un violento episodio durante las manifestaciones a favor de Palestina el pasado 7 de octubre.
Los videos que circularon ampliamente en redes sociales muestran al cabildante confrontando a los manifestantes con un bate de béisbol en la mano, acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mientras profiere frases como “a partir de este momento les declaro la guerra a ustedes también”.
El hecho, que generó un amplio rechazo ciudadano, es considerado por juristas como una clara incitación a la violencia y un abuso de poder incompatible con el cargo de servidor público elegido por voto popular.
Según el artículo 34 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), todo servidor público debe “observar una conducta pública y privada acorde con la dignidad del cargo, con respeto a la Constitución, la ley y los derechos de las personas”. Acciones de agresión o intimidación, especialmente en medio de manifestaciones pacíficas, pueden constituir faltas disciplinarias gravísimas, de acuerdo con el artículo 48 numeral 1 del mismo código, que sanciona a quienes abusen de su autoridad o promuevan comportamientos que alteren la convivencia ciudadana.
Desde el punto de vista penal, de comprobarse la intencionalidad, las conductas del concejal podrían encuadrarse en los delitos de instigación a delinquir (artículo 348 del Código Penal Colombiano) o incitación pública a la violencia (artículo 347), los cuales castigan a quien promueva hostilidad o acciones violentas contra grupos o personas.
La Corte Constitucional ha sido reiterativa —en sentencias como la C-948 de 2002, la T-391 de 2007 y la C-442 de 2011— en que los funcionarios públicos deben garantizar neutralidad, respeto y proporcionalidad frente a la ciudadanía, evitando cualquier comportamiento que pueda interpretarse como uso indebido de la fuerza o instigación al odio.
Aunque la jornada de protesta se desarrolló de forma mayoritariamente pacífica, al finalizar se presentaron enfrentamientos entre manifestantes pro Palestina y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, lo que refuerza la preocupación sobre el papel de servidores públicos en la escalada de la confrontación.
Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Personería de Medellín confirmaron el inicio de investigaciones disciplinarias y administrativas contra varios funcionarios presuntamente implicados, algunos de ellos vinculados a la administración del alcalde Federico Gutiérrez.
El episodio ha encendido un debate nacional sobre el límite entre la autoridad y la provocación, y sobre el ejemplo que deben ofrecer los servidores públicos en contextos de tensión social. Para diversos sectores, lo ocurrido en Medellín refleja la normalización de la violencia política y el uso del miedo como herramienta de control ciudadano.
