Bogotá D.C., julio 18 de 2025. El Congreso de la República dio un paso decisivo en la lucha contra una de las causas más invisibles de la deserción en la educación superior: el hambre. Con la discusión del Proyecto de Ley 574 de 2025, se abre camino el Programa Nacional de Alimentación Universitaria (PAU), una política pública que busca garantizar alimentación gratuita y nutritiva a estudiantes de pregrado en universidades públicas de todo el país.

Según datos reportados por 21 universidades públicas, el 75 % de los estudiantes matriculados pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, alrededor de 517.000 jóvenes de los sectores más vulnerables. Muchos de ellos, denuncian expertos y académicos, abandonan sus estudios no por bajo rendimiento, sino porque no tienen qué comer.

Alimentación como derecho, no como privilegio

Para Julián David López Tenorio, representante a la Cámara y autor del proyecto —quien además se perfila como próximo presidente de esa corporación—, el PAU “será una herramienta clave para mejorar la permanencia educativa, el rendimiento académico y fomentar estilos de vida saludables”. Así lo afirmó citando el artículo 1 del proyecto de ley.

En su informe de ponencia, López Tenorio advierte que, aunque el presupuesto nacional para universidades públicas creció un 23 % en 2023, la matrícula apenas aumentó un 3 %. La causa, explica, no es falta de cupos, sino falta de condiciones básicas para sobrevivir como estudiantes.

“Muchos jóvenes no pueden acceder a la educación superior o se retiran por problemas socioeconómicos relacionados con gastos de matrícula, transporte y alimentación”, subrayó.

¿Cómo funcionará el PAU?

El programa contempla dos modalidades:

  • Plato servido: deberá ser subsidiado al 100 % por las universidades públicas.

  • Bono alimentario: aplicable en instituciones que no puedan ofrecer el plato físico.

El enfoque será diferencial. Se dará prioridad a:

  • Estudiantes en embarazo o lactancia

  • Estudiantes con discapacidad

  • Víctimas del conflicto armado

  • Miembros de comunidades étnicas

Impacto presupuestal y sostenibilidad

La implementación del PAU tendría un costo estimado de 770.338 millones de pesos anuales, equivalente a solo el 1 % del presupuesto del Ministerio de Educación para 2025. “Una inversión mínima si consideramos que lo que está en juego es el futuro de miles de jóvenes”, expresó López Tenorio.

Además, el proyecto contempla una estrategia de compras públicas locales, promoviendo la adquisición de alimentos a pequeños productores agropecuarios, asociaciones campesinas y organizaciones de agricultura familiar. Esta medida busca impactar positivamente las economías rurales, reduciendo intermediarios y fortaleciendo la seguridad alimentaria desde lo territorial.

Mucho más que comida: educación, salud y dignidad

El PAU no solo busca entregar alimentos. También incluye:

  • Educación nutricional

  • Diseño de menús balanceados

  • Monitoreo y evaluación nacional

  • Informes públicos de ejecución

Según sus impulsores, este programa dignifica la permanencia en la educación superior y reconoce la alimentación como un derecho humano fundamental.

El Congreso tiene en sus manos una decisión histórica. Si se aprueba, el PAU será una de las iniciativas sociales más relevantes del país en los últimos años: una política pública que combate el hambre desde las aulas y rompe el ciclo de exclusión que viven miles de estudiantes en Colombia.

Foto: Colprensa