Turbo, Antioquia – julio 19 de 2025. El accidente laboral que cobró la vida de tres trabajadores en la construcción de Puerto Antioquia ha destapado una cadena de denuncias, omisiones y posibles irregularidades que rodean al megaproyecto portuario más ambicioso del país.

Las muertes de Jaider Andrés Chaverra (20 años), Luis Esneider Suárez (29 años) y el grave estado de salud de Manuel Andrés Bello (19 años) no solo enlutaron a sus familias, sino que reavivaron cuestionamientos sobre las condiciones laborales, el cumplimiento de normas ambientales y la participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

El siniestro ocurrió el pasado viernes 18 de julio mientras se realizaban pruebas de presión sobre pilotes de concreto en la zona operativa del puerto. Aunque la empresa Puerto Antioquia atribuyó preliminarmente el hecho a una posible explosión de nitrógeno o aire comprimido, hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre las causas exactas. Se activaron protocolos de emergencia y se prometió una investigación técnica con el acompañamiento de autoridades.

Sin embargo, para los trabajadores del puerto, la tragedia no fue un hecho aislado ni imprevisible.

Denuncias anticipadas: “Nos obligan a trabajar bajo amenaza”

El pasado 2 de mayo, apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Nación Paisa reportó una denuncia hecha por empleados de la firma COTEMA, contratista del proyecto. En un video que circuló en redes sociales, se veía a operarios resguardándose de una tormenta, mientras denunciaban que la empresa los obligaba a continuar las labores bajo riesgo de despido.

“Nos están obligando a trabajar en estas condiciones. Nos amenazan con echarnos si no seguimos”, decía uno de los trabajadores, mientras otros afirmaban que los protocolos de seguridad eran ignorados de forma sistemática.

El video fue compartido inicialmente por el medio local Contexto Turbeño y generó reacciones de indignación. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha informado si abrió una investigación formal sobre el caso.

ANLA y las alertas ambientales

A estos hechos se suma la medida preventiva impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 29 de abril. La entidad ordenó la suspensión parcial de actividades por parte de la empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. debido a la operación no autorizada de una planta móvil de concreto sobre barcaza, que operaba sin los permisos requeridos en zonas fluviales del corregimiento Nueva Colonia.

Además, la ANLA abrió un proceso sancionatorio por presuntas afectaciones al predio “Capitán Quintero” y al cauce del río León, donde se habrían realizado intervenciones sin aval ambiental. Estos hechos cuestionan el cumplimiento de la licencia ambiental vigente y ponen en entredicho la legalidad de varias fases del proyecto.

La Red de Veedurías denuncia posible entramado de corrupción

La Red de Veedurías de Colombia ha sido una de las voces más críticas frente al avance del proyecto. Su presidente, Pablo Bustos, advirtió que las decisiones del director de Corpourabá, Jorge David Tamayo, de levantar las medidas preventivas sobre predios con solicitudes de restitución de tierras, podrían configurar delitos disciplinarios y penales.

Según la Red, Tamayo habría favorecido presuntamente a corporaciones bananeras vinculadas al megaproyecto, algunas de ellas bajo investigación penal. También se denuncia un posible caso de nepotismo, ya que el proyecto estaría siendo liderado por Óscar Isaza, conocido empresario del sector portuario, y su sobrino Andrés Bustos Isaza, quien ocupa un cargo gerencial en Puerto Antioquia.

El jalón de orejas presidencial y el silencio institucional

En mayo, el presidente Gustavo Petro exigió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, garantizar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales y sociales del proyecto. “Es la ley y deben cumplirla”, sentenció el mandatario. No obstante, líderes sociales y congresistas como Pedro Baracutao han advertido que las comunidades afro, indígenas y víctimas de la violencia no han sido tenidas en cuenta ni han recibido beneficios tangibles del puerto, pese a estar directamente impactadas por su operación.

Una promesa de progreso bajo tensión social

Puerto Antioquia está proyectado para iniciar operaciones el 1.º de noviembre de 2025 y ha sido presentado como una obra clave para el desarrollo logístico del país. Sin embargo, las muertes ocurridas, las denuncias de trabajadores, los cuestionamientos ambientales y la exclusión social reiterada convierten al megaproyecto en un símbolo de contradicción: desarrollo económico sí, pero a costa de vidas, territorios y derechos.

Las muertes recientes no solo obligan a una investigación exhaustiva; reclaman, además, una revisión profunda del modelo de desarrollo que se está implementando en Urabá. Un modelo que, de no corregirse, podría repetir viejos patrones de concentración de poder y despojo en nombre del “progreso”.